El Gobierno de Chile anunció este lunes un proyecto habitacional de gran escala destinado a entregar una solución definitiva a las más de 10 mil personas que viven en el campamento Cerro Centinela de San Antonio, considerado la mayor ocupación irregular del país. La iniciativa busca acompañar el cumplimiento del fallo judicial que ordena el desalojo del predio, mitigando los impactos sociales y humanitarios que ello implica.

El anuncio fue realizado por los ministros del Interior, Álvaro Elizalde; de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo; y de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, quienes detallaron la estrategia diseñada para abordar un conflicto que involucra a 4.136 hogares instalados en un terreno de 215 hectáreas desde 2019.

El plan contempla que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) utilice sus facultades legales para expropiar y adquirir 100 hectáreas del lote ocupado, permitiendo levantar un proyecto habitacional en el que las familias también aportarán recursos para su cofinanciamiento. Este mecanismo se activó luego de que fracasaran las negociaciones entre el Estado, los propietarios del terreno y los habitantes, debido a diferencias en el valor comercial solicitado por los dueños.

El ministro Elizalde indicó que el Gobierno “fue explícito desde el inicio en su voluntad de adquirir el terreno para desarrollar un plan habitacional”, pero señaló que el precio exigido por los propietarios “estaba muy por sobre el valor de mercado”. Frente a este escenario, añadió, se optó por utilizar las herramientas que ofrece el ordenamiento jurídico para avanzar en una solución socialmente viable.

Por su parte, la vocera Camila Vallejo sostuvo que la situación del campamento de San Antonio “no tiene comparación en el país”, destacando que la magnitud de la ocupación hace necesaria la intervención del Estado para evitar que el desalojo genere “una crisis sin precedentes”.

El ministro de Vivienda, Carlos Montes, enfatizó que el asentamiento, compuesto por más de 3.000 niños, niñas y adolescentes, “no puede enfrentar un desalojo masivo sin un plan integral que permita reubicar de manera digna y segura a las familias”. Explicó que se conformaron 40 cooperativas que agrupan a cerca del 90% de los hogares y que, pese a los esfuerzos de negociación, no se logró acuerdo con los dueños debido al “precio exorbitante” solicitado por metro cuadrado.

El proyecto habitacional contempla lotes urbanizados, servicios sanitarios y espacios destinados a equipamientos comunitarios. Las familias deberán complementar los subsidios del Minvu con un plan de ahorro ya en marcha, cuyo primer tramo considera reunir $1.500.000 por hogar a fin de año. Asimismo, se estima que alrededor del 5% del terreno se destinará a futuros desarrollos habitacionales y equipamientos de escala comunal.

El Gobierno informó que el desalojo será gradual y comenzará por las áreas que no serán expropiadas. Se espera que, antes del término de la actual administración, la expropiación esté definida y se haya iniciado la etapa de diseño y urbanización del nuevo barrio.

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