Un reciente informe técnico-pericial encendió las alarmas en Playa La Boca de Concón, al acreditar la existencia de riesgos graves e inminentes para trabajadores, visitantes y deportistas que transitan por el borde costero. El documento, elaborado por un perito registrado, concluye que al menos 10 locales comerciales emplazados en la zona presentan pérdida significativa de soporte, inestabilidad estructural progresiva y alta probabilidad de colapso ante futuros eventos de marejadas.

El estudio detalla que el avance acelerado de un socavón profundo frente a los locales ha generado una condición crítica que compromete la seguridad del terreno. La erosión costera activa, sumada a la exposición de las cimentaciones, configura un escenario en el que —según el informe— resulta imposible garantizar una operación segura.

El peritaje advierte además que el socavón constituye “una trampa de riesgo crítico” para niños, deportistas y visitantes, cuya expansión sería inevitable con el aumento de marejadas proyectado. Entre las conclusiones, se indica que varias edificaciones ya presentan niveles de vulnerabilidad severos, con riesgo de desprendimientos y colapsos parciales o totales.

Este análisis técnico respalda la medida adoptada por la administración de Playa La Boca, que decidió poner término —de forma legal y dentro de los plazos establecidos— a los contratos de subarrendamiento de 10 locales comerciales. La determinación se sustentó en razones de fuerza mayor y en el peligro inminente acreditado por el informe pericial.

Desde el punto de vista jurídico, el documento subraya que mantener actividades en un espacio adyacente a un socavón activo implica un riesgo directo de caídas, lesiones graves o incluso accidentes fatales, lo que podría derivar en responsabilidad civil e, incluso, penal para quienes administren el área.

El informe también establece que el deterioro es irreversible y progresivo, y que las próximas marejadas profundizarán el socavón, incrementando la probabilidad de colapso. Bajo este contexto, se aplica la figura de “inutilización total del objeto arrendado”, contemplada en el artículo 1932 del Código Civil, debido a la imposibilidad de operar con estándares mínimos de seguridad.

La situación en Playa La Boca vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de regular el uso del borde costero, fortalecer la gestión preventiva y articular acciones entre autoridades municipales, regionales y organismos técnicos, frente a un escenario donde la erosión y los eventos extremos continúan intensificándose.

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