El fútbol chileno vuelve a verse envuelto en una controversia reglamentaria tras el descenso de Unión Española y Deportes Iquique a la Primera B. Ambos elencos, que finalizaron último y penúltimo en la tabla de posiciones de la temporada 2025, buscan mantenerse en la Primera A apelando a una supuesta contradicción normativa entre las bases del torneo y el reglamento general de la ANFP.

El reclamo se basa en que las bases del campeonato establecen que descienden directamente los dos últimos equipos de la tabla anual, mientras que el reglamento de la ANFP aún menciona un sistema de promedios de puntos acumulados en tres temporadas. Bajo esta última fórmula, los clubes afectados evitarían el descenso, enviando a la B a Deportes La Serena y Deportes Limache.

Desde Limache, el presidente del club, César Villegas, fue tajante al rechazar la postura de los equipos reclamantes. Aseguró que Unión Española e Iquique conocían y firmaron las bases del torneo, por lo que intentar modificar las reglas una vez consumado el descenso deportivo carece de legitimidad.

“Intentar salvarse por secretaría después de haber perdido la categoría en cancha es una falta de respeto. Ellos aceptaron las reglas y ahora buscan apoyarse en un sistema obsoleto que no se utiliza hace años. Personalmente, me daría vergüenza recurrir a algo así”, señaló el dirigente.

Villegas agregó que Limache ya está enfocado en su planificación deportiva para la próxima temporada, desestimando cualquier preocupación por eventuales acciones legales. “Nosotros estamos trabajando con normalidad, porque entendemos que el descenso ya está definido”, afirmó.

El abogado Ángel Botto, ex presidente del Tribunal de Disciplina de la ANFP, coincidió en que existe una diferencia entre el reglamento y las bases, pero aclaró que las decisiones del Consejo de Presidentes tienen carácter preeminente. Según explicó, el Consejo está facultado para dictar y modificar reglamentos, por lo que las bases vigentes del campeonato se imponen sobre normas anteriores.

Pese a ello, desde Unión Española han advertido que podrían recurrir a la justicia ordinaria si el reclamo es rechazado. Una acción que, según expertos, tendría escasas posibilidades de prosperar y podría incluso ser considerada una estrategia dilatoria sin sustento jurídico sólido.

Por ahora, la ANFP no ha emitido una resolución oficial, aunque al interior del Consejo de Presidentes existe consenso en respetar la definición deportiva obtenida en la cancha.

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