Una auditoría de la Contraloría General de la República (CGR) encendió las alertas sobre el funcionamiento de la Dirección General de Crédito Prendario (DICREP), conocida popularmente como la “Tía Rica”, tras constatar serias deficiencias en los controles aplicados durante los años 2023 y 2024.

El informe del ente fiscalizador concluyó que el servicio mantuvo un control insuficiente sobre sus operaciones de empeño, permitiendo que personas con antecedentes penales accedieran de manera reiterada a créditos con garantía prendaria, en algunos casos con una frecuencia inusualmente alta. De acuerdo con los antecedentes recopilados, hubo usuarios que realizaron hasta 230 empeños en un solo año.

La revisión detectó que en 2023 existieron 4.769 clientes con transacciones recurrentes —entre 10 y más de 200 operaciones por persona—, generando montos que superaron los 7 mil millones de pesos. En 2024, la cifra aumentó a 4.895 usuarios, con un volumen de operaciones que alcanzó los $7.290 millones.

Un punto especialmente crítico del informe señala que 1.681 personas con antecedentes penales realizaron empeños por un total de $1.507 millones y no recuperaron las especies entregadas en garantía. Pese a la gravedad de estos antecedentes, la Contraloría advirtió que la DICREP no presentó denuncias ni remitió información a las autoridades competentes.

El organismo fiscalizador también constató la ausencia de procedimientos básicos para verificar la identidad de los usuarios, validar datos personales y comprobar el origen lícito de los bienes empeñados. Esta falencia habría facilitado la recepción de especies robadas y la entrega de dinero a eventuales delincuentes.

Asimismo, se evidenció que el servicio no cuenta con sistemas de alerta para detectar operaciones reiteradas ni mantiene una coordinación efectiva con las policías, a pesar de que los objetos empeñados contienen información relevante para investigaciones, como números de serie, modelos y estado de las especies.

Ante estos hallazgos, la Contraloría instruyó la apertura de un procedimiento disciplinario para establecer eventuales responsabilidades administrativas y remitió los antecedentes al Ministerio Público. Además, ordenó a la DICREP implementar medidas para reforzar sus controles internos, las que serán evaluadas en futuras fiscalizaciones.

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