El proyecto de tren que pretende conectar la Región de Valparaíso con Santiago atraviesa un escenario de incertidumbre, luego de que el equipo del presidente electo José Antonio Kast advirtiera que la situación fiscal del país obligará a reevaluar iniciativas de gran envergadura que aún no muestran avances sustantivos.

Así lo señaló el encargado de Infraestructura del próximo gobierno, Martín Arrau, quien planteó la necesidad de revisar el destino de proyectos pendientes, entre ellos el tren Valparaíso–Santiago, cuya licitación permanece detenida por una disputa en el Tribunal de Contratación Pública. Esta definición encendió alertas en autoridades locales y actores regionales, ante el eventual replanteamiento del trazado o incluso la postergación de la obra.

Desde el territorio, el alcalde de Llay Llay, Edgardo González, manifestó preocupación por un eventual rediseño que deje fuera al Valle de Aconcagua, señalando que, aunque se trata de información extraoficial, seguirán atentos para que la próxima administración considere a las comunas del interior en cualquier decisión futura.

En el ámbito técnico, el académico de Ingeniería Industrial de la PUCV, Franco Basso, sostuvo que el proyecto, tal como estaba concebido, no ofrecía una reducción significativa en los tiempos de viaje. Según estimaciones, el trayecto entre Santiago y Valparaíso tomaría cerca de dos horas, un lapso similar al transporte terrestre actual, lo que abre el debate sobre su real impacto en la movilidad interregional.

El proyecto ferroviario contempla un trazado de 172 kilómetros, conectando Quinta Normal con El Salto, en Viña del Mar, pasando por sectores como Tiltil, Llay Llay, La Calera y Limache, con una inversión preliminar superior a los US$1.200 millones y una proyección de entrada en operación hacia 2030. Sin embargo, su continuidad, financiamiento y trazado definitivo quedarán ahora sujetos a las definiciones que adopte la próxima administración.

Mientras no existan anuncios oficiales, el tren Valparaíso–Santiago permanece en evaluación, reflejando las tensiones entre las expectativas regionales de conectividad y las restricciones fiscales que marcarán el inicio del nuevo gobierno.

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