Maltrato animal en Maitencillo: las penas que arriesgan los detenidos por arrojar polluelos de gaviota
Editado el 8 enero 2026 @ 10:55 por Prensa UCV Radio
El caso reabrió el debate sobre las sanciones penales por crueldad contra animales en Chile, que pueden incluir cárcel efectiva, multas millonarias e inhabilidad perpetua para la tenencia de mascotas.
El reciente caso ocurrido en Maitencillo, donde dos personas fueron detenidas tras arrojar polluelos de gaviota desde la terraza de un edificio, volvió a poner en el centro del debate público las penas asociadas al delito de maltrato animal y la severidad que puede alcanzar este tipo de conductas según la legislación chilena.
La normativa vigente contempla sanciones diferenciadas en función del daño provocado a los animales y de la forma en que se configuren los hechos. En escenarios de mayor gravedad, las penas pueden traducirse en condenas de cumplimiento efectivo.
Rodrigo Guerra, abogado penalista y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes (Uandes), explicó que cuando el maltrato deriva en la muerte del animal o en un grave deterioro físico, el tipo penal permite aplicar una pena de presidio menor en su grado medio, es decir, entre 541 días y tres años de cárcel.
A ello se puede sumar una multa que fluctúa entre 20 y 30 unidades tributarias mensuales (UTM), lo que supera los dos millones de pesos, además de la inhabilidad absoluta y perpetua para la tenencia de animales.
Posible agravante por múltiples víctimas
El escenario penal podría endurecerse si la investigación determina que no se trata de un hecho aislado. Según explicó el académico, cuando varios animales resultan afectados y es posible distinguir los hechos en el tiempo y el espacio, podría configurarse un concurso material de delitos.
En ese contexto, la pena podría aumentar a presidio menor en su grado máximo, que va de tres años y un día a cinco años de cárcel, e incluso llegar a presidio mayor en su grado mínimo, con sanciones que van desde cinco años y un día hasta diez años de prisión.
Guerra subrayó que este eventual aumento tiene consecuencias procesales relevantes, ya que una condena de ese nivel implicaría cumplimiento efectivo de la pena, sin posibilidad de acceder a penas sustitutivas. Asimismo, durante el proceso judicial, el imputado podría quedar sujeto a prisión preventiva, al considerarse una medida proporcional frente a la gravedad del castigo que arriesga.
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