El Juzgado de Garantía de Rancagua decretó la prisión preventiva de una ex sargento primero de Carabineros, formalizada por su presunta participación en una serie de delitos vinculados a los millonarios robos a las empresas de transporte de valores Brinks y Prosegur, registrados durante 2024 en la Región de O’Higgins.

La imputada enfrenta cargos por robo con intimidación consumado, robo en lugar no habitado en grado de frustrado y asociación criminal. La formalización fue encabezada por el fiscal jefe de la Fiscalía de Análisis Criminal y Focos Investigativos (SACFI), Carlos Fuentes, quien solicitó la medida cautelar más gravosa, petición que fue acogida por el tribunal, considerando la gravedad de los ilícitos, la reiteración de conductas y el rol que habría cumplido la ex funcionaria dentro de la organización delictual.

De acuerdo con los antecedentes expuestos en audiencia, la imputada —quien al momento de los hechos aún se desempeñaba como carabinera activa y estaba próxima a iniciar su retiro— habría ejercido un rol de liderazgo al interior del grupo, conformado por delincuentes provenientes de la Región Metropolitana, sujetos locales de Rancagua, personal interno de la empresa Brinks y funcionarios policiales en servicio activo en esa época.

Según la Fiscalía, la ex sargento era identificada por los propios integrantes de la banda como “la jefa” o “la mami”, siendo quien autorizaba, coordinaba y validaba las acciones criminales, además de definir la participación de efectivos policiales para desviar recursos operativos y retrasar la respuesta institucional durante la ejecución de los robos.

“Los imputados vinieron a corroborar indicios que la Fiscalía ya tenía desde octubre de 2024. Todos, en distintos momentos de la investigación, la identificaron como la jefa de la organización”, sostuvo el fiscal Carlos Fuentes, quien detalló que las imputaciones se sustentan en declaraciones coincidentes de imputados civiles y ex funcionarios policiales, reconocimientos fotográficos y antecedentes periféricos que respaldan la tesis del Ministerio Público.

El persecutor añadió que las dinámicas delictivas observadas en los casos Prosegur y Brinks presentan patrones prácticamente idénticos, diferenciándose únicamente en el modo específico de ejecución de los ilícitos.

En cuanto al avance global de la causa, la Fiscalía informó que hasta ahora existen 32 personas formalizadas, otras tres con órdenes de detención vigentes y diligencias en curso para identificar y capturar a todos los involucrados. Asimismo, en el marco de la investigación patrimonial, se han incautado cerca de 450 millones de pesos en efectivo provenientes del robo a Brinks, además de avanzar en el comiso de bienes adquiridos con dineros de origen ilícito, como inmuebles y vehículos.

Durante la audiencia (causa rol 6.833-2024), la magistrada Vanessa Letelier Morales ordenó el ingreso en prisión de la imputada, considerando que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Además, mantuvo el plazo de investigación, el cual vence el próximo 16 de febrero.

“Se trata de un hecho particular ocurrido en agosto, en que se movilizó una ciudad completa, con accesos cerrados y vehículos quemados en distintos puntos. Claramente se requería la presencia de funcionarios de Carabineros para lograr una cierta impunidad. Por lo tanto, el tribunal considera que la libertad de la imputada es peligrosa para la seguridad de la sociedad”, razonó la jueza.

Según el Ministerio Público, la ex funcionaria se concertó con la asociación criminal y otros efectivos policiales para prestar apoyo logístico, coordinar acciones, generar distracciones y retrasar la intervención policial el día del robo perpetrado el 16 de agosto de 2024 en la sucursal Brinks de Rancagua, desde donde se sustrajeron cerca de 11 mil millones de pesos.

Además, se le imputa participación en un segundo hecho, en calidad de autora de los delitos de robo en lugar no habitado frustrado y asociación delictiva, tras su presunto rol en la coordinación del intento de robo a una bóveda de la empresa Prosegur, donde la banda habría construido un túnel de 15 metros, descubierto el 11 de febrero de 2024.

La Fiscalía reiteró que la investigación continúa en desarrollo, dentro de los plazos legales, con el objetivo de esclarecer completamente los hechos y determinar todas las responsabilidades penales correspondientes.

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