Este año se cumple el plazo definido por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) para poner fin al uso de las tarjetas de coordenadas como mecanismo de autenticación bancaria en Chile. Si bien la medida apunta a fortalecer la seguridad y prevenir fraudes, especialistas y organizaciones de consumidores alertan que el proceso podría dejar fuera del sistema financiero a un segmento de usuarios.

La iniciativa comenzó a impulsarse formalmente el año pasado, cuando la CMF anunció el término progresivo de este método tradicional. En un comienzo, el cese estaba fijado para agosto del año pasado, pero tras la controversia generada —principalmente por las dificultades que enfrentan adultos mayores y personas con menor manejo tecnológico— el plazo fue extendido hasta agosto de este año.

Desde el organismo regulador han señalado que varios bancos iniciaron la eliminación de las tarjetas de coordenadas incluso antes de la ampliación del plazo. Un ejemplo es BancoEstado, que comenzó el proceso en noviembre del año pasado con un primer grupo de clientes. En las últimas semanas, nuevos avisos informaron que otro segmento de usuarios dejará de contar con este sistema a partir del próximo 6 de febrero.

El economista y académico de la Universidad Central, Jean Paul Quinteros, reconoció que la transición puede afectar a ciertos usuarios, aunque subrayó que el cambio representa un avance relevante en materia de seguridad bancaria. A su juicio, el fortalecimiento de los mecanismos de autenticación es clave para reducir estafas y la pérdida de recursos por fraudes digitales.

Desde una mirada más crítica, el presidente de Conadecus, Hernán Calderón, advirtió que la eliminación de las tarjetas de coordenadas podría generar una exclusión directa de quienes no son nativos digitales. Según planteó, las personas con menor dominio de teléfonos inteligentes enfrentarán mayores dificultades para operar en el sistema financiero.

Una postura similar expresó el director ejecutivo de Conecta Mayor UC, Eduardo Toro, quien valoró los avances en seguridad, pero cuestionó que estos se implementen sin un acompañamiento adecuado. En ese sentido, recalcó que las mejoras tecnológicas no deberían traducirse en una pérdida de autonomía para los usuarios, advirtiendo que, de no existir apoyo efectivo, muchas personas podrían quedar marginadas del sistema.

Mientras el proceso de transición continúa, el debate se centra en cómo las instituciones financieras y las autoridades abordarán el desafío de compatibilizar mayor seguridad digital con inclusión financiera, especialmente para los grupos que enfrentan mayores barreras tecnológicas.

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