El uso de vallas perimetrales, graderías y otros bienes municipales en un acto político realizado en la Plaza de Armas de La Ligua motivó a la Contraloría General de la República (CGR) a instruir un sumario administrativo al interior del municipio, con el fin de determinar eventuales responsabilidades funcionarias.

La situación se originó a raíz de una denuncia presentada el 17 de septiembre ante el Servicio Electoral (Servel) por la Fundación Fuerza Ciudadana, en la que se cuestionó la realización del denominado “Encuentro con Jeannette Jara”, actividad efectuada el 12 de septiembre de 2025, fuera del periodo de campaña electoral y con participación exclusiva de personas y autoridades afines a la entonces candidata presidencial.

Según los antecedentes recopilados, para el desarrollo del evento se habrían utilizado bienes municipales como vallas de madera, graderías y otros implementos destinados a actividades masivas, además del cierre de calles y el uso de espacio público, con apoyo de personal municipal en las labores de preparación.

Tras analizar el caso, la Contraloría determinó que no existieron irregularidades en las autorizaciones otorgadas por la Delegación Presidencial Provincial de Petorca, ya que el organizador cumplió con los requisitos establecidos en el decreto supremo N° 1.086 del Ministerio del Interior, incluyendo informes favorables de Carabineros de Chile y la autorización de la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones de Valparaíso para la suspensión del tránsito vehicular.

No obstante, el organismo contralor sí acogió la denuncia en lo relativo al uso de bienes municipales, señalando que la Municipalidad de La Ligua facilitó recursos públicos para una actividad ajena a sus fines institucionales, infringiendo la normativa vigente y la jurisprudencia administrativa en materia de probidad.

En ese contexto, la CGR instruyó al municipio a iniciar un sumario administrativo para establecer las responsabilidades correspondientes, debiendo remitir copia del acto administrativo que dé inicio al procedimiento a la Unidad de Seguimiento de la Fiscalía de la Contraloría, dentro de un plazo de 15 días hábiles desde la notificación del oficio.

Paralelamente, el organismo remitió los antecedentes al Servel, entidad competente para fiscalizar y eventualmente sancionar la realización de actos políticos fuera de los plazos legales establecidos en la ley N° 18.700.

El abogado denunciante, Raimundo Palamara, valoró la resolución y afirmó que en este caso se vulneró el principio de probidad administrativa. “Bienes municipales fueron utilizados derechamente para una actividad política, lo que está expresamente prohibido por la ley. Los recursos públicos no pueden ser funcionales, bajo ningún pretexto, a campañas o actos proselitistas”, sostuvo.

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