Desde este 13 de febrero comenzó a regir la tercera y última etapa de la Ley 21.368, normativa que regula los plásticos de un solo uso y fomenta la comercialización de botellas retornables. La entrada en vigencia marca un punto de inflexión para supermercados, restaurantes y locales de expendio de alimentos, que deberán ajustar sus operaciones a nuevas obligaciones ambientales.

Entre los principales cambios, los supermercados deberán asegurar que al menos el 30% de las bebidas exhibidas en vitrinas correspondan a envases retornables. Además, queda prohibida la entrega de productos de un solo uso para consumo dentro de los locales, salvo que sean biodegradables certificados. Para ventas fuera del establecimiento, solo podrán ofrecerse desechables no plásticos valorizables o plásticos certificados, y exclusivamente si el cliente los solicita.

El nuevo escenario mantiene en alerta al comercio organizado. Desde la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) manifestaron inquietud por la falta de un reglamento que precise conceptos clave para su aplicación. A juicio del gremio, no existe claridad suficiente respecto a qué se entiende por “vitrina”, cómo se calcula el porcentaje exigido ni bajo qué criterios se fiscalizará el cumplimiento.

La presidenta de la CCS, María Teresa Vial, sostuvo que el sector comparte los objetivos de sostenibilidad, pero advirtió que la implementación requiere reglas claras y uniformes para evitar interpretaciones dispares o fiscalizaciones contradictorias. En ese contexto, solicitaron un pronunciamiento formal tanto a la Contraloría General de la República como al Ministerio del Medio Ambiente, con el fin de contar con certeza jurídica.

En el ámbito gastronómico, la Asociación Chilena de Gastronomía (Achiga) también expresó reparos. Su presidente, Máximo Picallo, afirmó que si bien valoran que se permita el uso de materiales como cartón, papel o madera, persisten vacíos respecto a qué productos están efectivamente autorizados. Uno de los puntos más sensibles es la inexistencia de entidades certificadoras que validen qué plásticos cumplen con los requisitos legales y cuáles califican como biodegradables.

El dirigente ejemplificó con los sachets de salsas utilizados en delivery, que actualmente no tendrían reemplazos viables en el mercado, lo que complica la adaptación del rubro.

Desde el mundo ambiental, en cambio, la evaluación es positiva. La organización Oceana destacó que la aplicación plena de la ley permitirá evitar miles de toneladas de residuos cada año, contribuyendo a la protección de los océanos y la reducción de desechos urbanos. Según estimaciones de la entidad, la normativa podría prevenir más de 23 mil toneladas anuales de plásticos de un solo uso generados en locales de alimentos.

También desde Greenpeace valoraron la implementación, aunque criticaron las postergaciones que retrasaron su entrada en vigencia total, originalmente prevista para 2024. En la misma línea, representantes de Alianza Basura Cero señalaron que aún existen “puntos ciegos” y llamaron a fortalecer la fiscalización y elevar los estándares de reducción de residuos.

Con la ley ya plenamente operativa, el desafío ahora será equilibrar las exigencias ambientales con la viabilidad práctica para el comercio, en un proceso que marcará el rumbo de la transición hacia modelos de consumo más sostenibles en el país.

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