Una ola de cuestionamientos surgió este jueves en el Congreso luego de que se conociera que el presidente Gabriel Boric percibió un aumento en su remuneración bruta, la que pasó de aproximadamente $7 millones a $10 millones entre noviembre y diciembre de 2025, producto de un bono vinculado al cumplimiento de metas institucionales.

Desde Presidencia explicaron que el Mandatario recibió el incentivo en el marco del Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG), mecanismo que rige para los servidores públicos. El pago se efectuó de manera trimestral —en marzo, junio, septiembre y diciembre de 2025— y corresponde al 18% de las remuneraciones permanentes.

Las críticas no tardaron en aparecer. La diputada Marlene Pérez manifestó su molestia por el incremento, señalando que durante la campaña se prometieron cambios en materia de sueldos y privilegios dentro del aparato estatal. A su juicio, el bono genera una contradicción entre el discurso inicial y la práctica actual.

En la misma línea, el dirigente político Francisco Orrego sostuvo que el aumento resulta desconectado de la realidad económica que enfrentan muchas familias, cuestionando que se premien metas en un contexto de estrechez fiscal y alza del costo de la vida.

También se sumó la diputada electa Tamara Ramírez, quien calificó la decisión como inoportuna, considerando el escenario de déficit fiscal y el encarecimiento de bienes y servicios básicos. A su juicio, este tipo de señales afectan la percepción ciudadana respecto de las prioridades del Ejecutivo.

Por su parte, Valentina Becerra puso el foco en la efectividad del cumplimiento de metas asociadas al PMG, planteando interrogantes sobre los resultados concretos que estas tendrían para la ciudadanía.

En tanto, el diputado Jaime Mulet, militante de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), anunció que enviará un oficio a la Contraloría General de la República para que revise la procedencia del pago. El parlamentario sostuvo que, a su juicio, el beneficio no debiera ser percibido por el jefe de Estado y planteó que, en caso de mantenerse, debería evaluarse su devolución.

El debate se instala así en medio de un escenario económico complejo y vuelve a tensionar la discusión sobre remuneraciones y asignaciones en el sector público.

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