En su primer día al mando del país, el Presidente José Antonio Kast firmó un conjunto de decretos e instrucciones que fijan las prioridades iniciales de su gobierno. Las medidas, suscritas en el Palacio de La Moneda, abarcan desde el fortalecimiento del control fronterizo en el norte del país hasta una auditoría integral del Estado y acciones destinadas a reactivar inversiones paralizadas.

Una de las primeras decisiones fue la creación de la Política Nacional de Cierre Fronterizo y la declaración de Zona Militar en el sector más vulnerable de la frontera con Bolivia. El decreto establece la delimitación geográfica del área y asigna a las Fuerzas Armadas de Chile la responsabilidad del control territorial.

Entre las medidas inmediatas se contempla el aumento de medios militares en sectores críticos de la macrozona norte, el refuerzo de vigilancia mediante drones y sensores optrónicos, además del fortalecimiento de las comunicaciones en la zona fronteriza. El área de aplicación incluye las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta.

En paralelo, el mandatario designó a Alberto Soto Valenzuela como Comisionado Presidencial para la Macrozona Norte, una autoridad con facultades de coordinación intersectorial para enfrentar el control migratorio y delitos transnacionales. El cargo dependerá del Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile y tendrá coordinación con organismos como el Estado Mayor Conjunto y las jefaturas de áreas fronterizas.

Auditoría total del Estado y reactivación económica

El Presidente también instruyó la realización de una auditoría integral a todos los ministerios y servicios públicos, con el objetivo de establecer una línea base técnica que permita detectar irregularidades y exigir responsabilidades administrativas o judiciales.

La iniciativa contempla la conformación de una fuerza de tarea encabezada por los subsecretarios del Interior, Hacienda y la Secretaría General de la Presidencia, quienes deberán reportar directamente al mandatario.

En el ámbito económico, el gobierno anunció medidas para destrabar proyectos de inversión que se encuentran paralizados en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental de Chile. Según se informó, existen 51 recursos de reclamación pendientes asociados a iniciativas que ya cuentan con su Resolución de Calificación Ambiental, pero que permanecen detenidas por trámites administrativos.

El plan establece plazos específicos para resolver estos procesos. Los recursos ya vencidos deberán resolverse en un máximo de 90 días corridos, mientras que los nuevos recursos ante la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental de Chile deberán resolverse en 30 días hábiles y aquellos que deban ser revisados por el Comité de Ministros tendrán un plazo de 60 días hábiles.

En total, el conjunto de proyectos involucrados representa una inversión estimada superior a los 16 mil millones de dólares.

Reconstrucción y gestión habitacional

Otra de las medidas firmadas por el mandatario encarga al Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Chile liderar directamente los procesos de reconstrucción en distintas zonas afectadas por desastres recientes.

La instrucción busca centralizar la gestión de los programas habitacionales en las regiones de Valparaíso, Ñuble y Biobío, con el objetivo de acelerar la entrega de soluciones y simplificar la tramitación de subsidios.

El comité de reconstrucción estará integrado además por los ministerios de Desarrollo Social, Interior, Hacienda, Obras Públicas y Agricultura, junto a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo.

Plan Escudo Fronterizo

Dentro de las instrucciones presidenciales también se oficializó el denominado Plan Escudo Fronterizo, que pone al Ejército de Chile al mando de la protección de la zona norte.

La iniciativa contempla cuatro ejes estratégicos: protección fronteriza para erradicar pasos no habilitados, integración institucional entre los ministerios de Interior, Defensa y Seguridad Pública, modernización tecnológica con herramientas como drones, cámaras térmicas y biometría, y la aplicación de medidas migratorias dentro del marco legal vigente.

El plan establece además instrucciones específicas para distintos ministerios con un plazo máximo de 90 días para su implementación. Entre ellas se incluye la revisión de normativas relacionadas con el control migratorio y la construcción de barreras físicas en sectores estratégicos de la frontera.

En la ceremonia de firma participaron varios ministros de Estado, junto al comandante en jefe del Ejército y el recién designado comisionado presidencial para la macrozona norte.

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