Un nuevo episodio de contaminación volvió a encender las alertas en las comunas de Quintero y Puchuncaví, luego de que decenas de estudiantes del colegio General Velásquez resultaran intoxicados tras inhalar gas ácido sulfhídrico. Los menores presentaron síntomas como mareos, dolores de cabeza y náuseas, manifestaciones que, según denuncian organizaciones locales, se han vuelto recurrentes en este territorio marcado por la actividad industrial.

El hecho ocurrió el pasado 28 de abril y se suma a una larga lista de emergencias ambientales registradas en la zona durante los últimos años, lo que ha generado preocupación entre comunidades y agrupaciones sociales por los efectos que la exposición prolongada a contaminantes podría tener en la salud de la población.

La situación se produce en medio de nuevas decisiones administrativas que han provocado cuestionamientos desde distintos sectores. Un día antes del episodio, el Comité de Ministros aprobó el proyecto Hidrógeno Verde Bahía Quintero, impulsado por la empresa GNL. Posteriormente, la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Valparaíso dio luz verde al Estudio de Impacto Ambiental de la desaladora Aconcagua, iniciativa que busca aumentar la capacidad de producción de agua desalinizada en la zona.

A estos proyectos se suma la aprobación del desarrollo inmobiliario Maratué, que organizaciones sociales advierten podría generar impactos en el ecosistema de Quirilluca, en la comuna de Puchuncaví.

Diversas agrupaciones sostienen que estas decisiones refuerzan la sensación de abandono en un territorio donde viven más de 50 mil personas que, según denuncian, continúan expuestas a un aire contaminado cuya composición aún no es completamente transparente para la ciudadanía. También cuestionan que, pese a los planes de descontaminación anunciados en los últimos años y al fallo de la Corte Suprema de 2019 que ordenó medidas de protección ambiental, la situación no ha mostrado mejoras sustantivas.

En ese contexto, las organizaciones firmantes advierten que el desarrollo de nuevos proyectos industriales en una zona considerada saturada podría aumentar los riesgos para la salud de la población, incluyendo enfermedades respiratorias, afecciones neurológicas y otros problemas asociados a la exposición prolongada a contaminantes.

Asimismo, plantean que el creciente cansancio de las comunidades ha abierto el debate sobre medidas más radicales, como la posibilidad de un reasentamiento voluntario para familias que han vivido durante años en un entorno marcado por episodios de contaminación.

Frente a este escenario, agrupaciones sociales, ambientales y de derechos humanos hicieron un llamado al Estado a revisar su política hacia el territorio, solicitando detener la aprobación de nuevos proyectos que incrementen la carga ambiental y avanzar en acciones concretas para la recuperación del ecosistema y la protección de la salud de la población.

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