Un proyecto de ley que actualmente se analiza en el Congreso Nacional busca establecer sanciones más severas contra los denominados “estacionadores ilegales” o cuidadores informales de vehículos en la vía pública, incluyendo multas e incluso penas de cárcel en casos de reincidencia.

La iniciativa fue presentada por el diputado Cristián Araya y surge en medio del aumento de denuncias relacionadas con cobros indebidos, amenazas a conductores y ocupación irregular de espacios públicos en distintos sectores del país, especialmente en barrios gastronómicos, zonas turísticas y eventos masivos.

El proyecto propone sancionar a quienes cobren por vigilar vehículos, guiar maniobras de estacionamiento o realizar labores de limpieza y cuidado de automóviles en bienes nacionales de uso público sin contar con autorización municipal o del administrador del lugar.

Las sanciones contempladas van desde multas entre 10 y 50 UTM hasta penas de reclusión menor en su grado mínimo, equivalentes a entre 61 y 540 días de cárcel. En caso de reincidencia, las penas podrían aumentar hasta tres años y un día de presidio.

La abogada y académica Yennifer Rojas Milla, de la Universidad del Alba, explicó que la iniciativa apunta a enfrentar un fenómeno que ha dejado de ser solo una falta administrativa.

“Lo que intenta hacer esta iniciativa es tipificar conductas que hoy muchas veces quedan en un vacío legal o terminan solamente en multas difíciles de cobrar. El debate jurídico está en determinar cuándo estas prácticas afectan efectivamente la seguridad pública o implican coacción hacia las personas”, señaló.

La especialista también advirtió que el desafío del proyecto será diferenciar entre personas que solicitan colaboraciones informales y grupos organizados que ejercen control de espacios públicos mediante amenazas o intimidación.

La discusión legislativa se da en un contexto marcado por reiteradas denuncias de automovilistas que aseguran haber sufrido represalias por negarse a pagar a estacionadores informales, incluyendo rayados de vehículos, destrucción de vidrios y robos de espejos.

Actualmente, el proyecto comenzó su tramitación en la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputadas y Diputados, donde ha generado opiniones divididas respecto a si el problema debe abordarse mediante sanciones penales o a través de mecanismos administrativos y sociales.

Desde distintos municipios y organizaciones vecinales, en tanto, existe preocupación por el aumento de conflictos asociados al comercio informal y la ocupación irregular de espacios públicos, especialmente durante eventos masivos y en sectores de alta afluencia de público.

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