La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) confirmó la multa aplicada a la Empresa Portuaria Valparaíso (EPV) por contaminación acústica, luego de rechazar el recurso de reposición presentado por la estatal para revertir la sanción impuesta durante el año pasado.

La resolución mantiene una multa de 110 Unidades Tributarias Anuales (UTA), equivalente a aproximadamente $93,1 millones, tras acreditarse la superación de los límites de ruido permitidos en sectores próximos al recinto portuario de Valparaíso.

Según los antecedentes analizados por la SMA, los niveles de ruido registrados estuvieron asociados principalmente al tránsito de camiones, operaciones de grúas y maniobras ferroviarias vinculadas a la actividad de carga y descarga en el puerto.

Durante el proceso, EPV argumentó que la sanción debía ser revocada debido a aspectos relacionados con la zonificación del sector, el régimen especial de funcionamiento portuario, la participación de empresas concesionarias y una supuesta falta de fundamentos en la resolución. Sin embargo, la autoridad ambiental desestimó dichos planteamientos y ratificó la responsabilidad de la empresa como administradora y coordinadora del recinto portuario.

La decisión fue valorada por organizaciones ciudadanas del borde costero. Desde la Agrupación Borde Costero Libre, su dirigenta Claudia Martínez sostuvo que la resolución respalda las denuncias realizadas durante años por vecinos del sector, quienes han advertido sobre los efectos que genera el ruido de las operaciones portuarias en zonas residenciales.

Por su parte, Pía Gajardo, integrante de la organización Salvemos la Playa San Mateo, señaló que el caso evidencia el impacto que la actividad portuaria puede tener sobre las comunidades que viven en las cercanías del borde costero, especialmente en materia de contaminación acústica y calidad de vida.

Pese a la ratificación de la multa, Puerto Valparaíso aún puede recurrir a la justicia ambiental mediante un reclamo de ilegalidad ante el Tribunal Ambiental, acción que podrá presentar dentro de los próximos 15 días hábiles.

En caso de no impugnar la resolución y efectuar el pago dentro del plazo establecido, la empresa podrá acceder a una rebaja del 25% sobre el monto total de la sanción.

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