Una querella criminal fue presentada en el Juzgado de Garantía de Viña del Mar por la entidad patrocinante Social Arquitectura en contra del ministro de Vivienda, Iván Poduje, además del seremi de Vivienda de Valparaíso, Marcelo Ruiz, y el director subrogante del Serviu regional, Rodrigo Muñoz.

La acción judicial surge a raíz de las decisiones adoptadas por las autoridades en el proceso de reconstrucción del sector El Olivar, en Viña del Mar, donde se ordenó la paralización de obras y la revisión de viviendas que forman parte de la reconstrucción para familias afectadas por el megaincendio de febrero de 2024.

Según sostiene la querella, las autoridades habrían utilizado sus cargos para excluir a Social Arquitectura y a la Constructora San Sebastián de proyectos habitacionales destinados a 356 familias damnificadas.

La presentación acusa que las decisiones se habrían materializado mediante resoluciones administrativas supuestamente carentes de sustento legal, además de presuntas presiones a funcionarios públicos y la generación de antecedentes destinados a justificar la terminación de contratos vigentes y la demolición de viviendas.

La abogada de Social Arquitectura, Érika Maira, señaló que la querella fue presentada porque, a juicio de la entidad, el ministro Poduje “utilizó el aparato estatal para cometer delitos, interferir ilegalmente en contratos vigentes y dictar resoluciones manifiestamente injustas”.

Asimismo, la profesional sostuvo que esperan que el Ministerio Público investigue eventuales hechos relacionados con presiones a funcionarios, falsificación de instrumentos públicos, engaño a familias damnificadas y una eventual demolición innecesaria de viviendas, situaciones que —afirman— podrían configurar además un fraude al Fisco.

Entre los argumentos expuestos, la querella señala que la paralización total de las obras habría sido ordenada pese a que los informes técnicos disponibles solo contemplaban observaciones corregibles en una parte de las viviendas.

Además, se acusa que funcionarios del Serviu habrían sido presionados para elaborar informes que respaldaran las decisiones adoptadas por las autoridades, lo que habría derivado en la emisión de documentos con fechas y antecedentes que no corresponderían a la realidad.

“La autoridad no estaba legitimada para interrumpir e imponer su voluntad al margen de fundamentos técnicos, de la transparencia y de la legalidad”, afirmó la abogada Érika Maira.

La acción judicial también cuestiona resoluciones que, según los querellantes, contendrían antecedentes falsos respecto de supuestas fallas constructivas graves, las que habrían sido utilizadas para inducir a vecinos a poner término anticipado a contratos vigentes.

Hasta ahora, las autoridades mencionadas no han emitido una declaración pública respecto de la querella presentada. El caso deberá ser analizado por el Ministerio Público, que determinará si existen antecedentes para iniciar una investigación penal.

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