El ministro de Ministerio de Seguridad Pública, Martín Arrau, manifestó este lunes el respaldo del Gobierno a eventuales modificaciones a la legislación sobre responsabilidad penal adolescente, en el marco del debate generado por la denominada «Ley Alejandro», iniciativa que busca endurecer las sanciones para menores involucrados en delitos de alta violencia.

Las declaraciones fueron realizadas durante el comité policial, instancia en la que el secretario de Estado afirmó que el Ejecutivo ya venía evaluando cambios al sistema antes del crimen que conmocionó al país y que dio origen a la propuesta impulsada por la familia de Alejandro Águila, el niño de 12 años que murió durante una encerrona en San Bernardo.

Arrau sostuvo que el actual régimen de responsabilidad penal adolescente requiere ajustes y señaló que el Gobierno considera necesario revisar aspectos como la edad de imputabilidad, la forma en que opera el sistema y el tratamiento de los casos de reincidencia.

En esa línea, valoró que surjan iniciativas legislativas orientadas a fortalecer el combate contra la delincuencia juvenil y aseguró que el Ejecutivo respaldará los proyectos que avancen en esa dirección, argumentando que el modelo vigente no está entregando respuestas satisfactorias frente a este tipo de delitos.

Por su parte, el subsecretario de Prevención del Delito, Gonzalo Guerrero, informó que el Gobierno se encuentra revisando junto al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos los proyectos que actualmente se tramitan en el Senado relacionados con esta materia.

Entre ellos figura una iniciativa presentada por el senador Andrés Longton, que propone aumentar las penas para delitos de alta connotación pública y de carácter violento.

Según explicó la autoridad, el análisis busca determinar si los proyectos actualmente en discusión cumplen los objetivos planteados por la denominada «Ley Alejandro» o si será necesario impulsar nuevas modificaciones legales que fortalezcan la normativa vigente.

La propuesta surgió tras la muerte de Alejandro Águila durante una encerrona y plantea establecer sanciones más severas para los delitos cometidos en grupo, contemplando penas efectivas y sin beneficios, independientemente de la edad de quienes participen en este tipo de hechos.

Con este respaldo, el Gobierno abrió la puerta a una eventual reforma del sistema de responsabilidad penal adolescente, tema que continuará siendo debatido en el Congreso durante las próximas semanas.

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