La Contraloría General de la República concluyó que la exministra de Seguridad, Trinidad Steinert, actuó al margen de las atribuciones que le otorga la ley al solicitar antecedentes reservados sobre funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile que participaban en una investigación penal en desarrollo.

El pronunciamiento del organismo fiscalizador surgió tras requerimientos presentados por los diputados Raúl Leiva y Patricio Pinilla, quienes cuestionaron la legalidad de un oficio reservado enviado por la entonces secretaria de Estado al director general de la PDI, Eduardo Cerna, pocos días después de asumir el cargo.

De acuerdo con el dictamen, la información solicitada por la exministra no era indispensable para el cumplimiento de las funciones de planificación, coordinación y supervisión que corresponden al Ministerio de Seguridad, por lo que excedía el marco legal de sus competencias.

Asimismo, la Contraloría advirtió que la solicitud podía interferir en una investigación penal vigente, situación que la legislación prohíbe expresamente cuando se trata de requerimientos realizados por autoridades administrativas.

Entre los antecedentes solicitados figuraban nombres completos, RUT, grados, destinaciones, eventuales sumarios administrativos, procesos disciplinarios y denuncias penales de funcionarios vinculados al denominado caso «Clan Chen» en la región de Tarapacá.

Otro de los aspectos observados por el organismo fiscalizador apunta a un eventual conflicto de interés. Según el dictamen, los funcionarios sobre quienes se solicitó información pertenecían a una brigada policial con la que Steinert trabajó durante su desempeño como fiscal regional de Tarapacá, por lo que debía aplicar el deber de abstención para evitar cuestionamientos respecto de su imparcialidad.

En su resolución, la Contraloría concluyó que la actuación de la exministra no se ajustó estrictamente a las atribuciones que el ordenamiento jurídico entrega a la autoridad ministerial y que tampoco cumplió con el deber de abstención exigido en este tipo de situaciones.

No obstante, el organismo precisó que el dictamen no establece responsabilidades penales contra la exautoridad ni cuestiona la legalidad de la desvinculación de la entonces prefecta general de la PDI, medida que fue considerada conforme a derecho.

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