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Gobierno eleva a 1.174 las expulsiones de extranjeros en 2026 tras séptimo vuelo de deportación

Publicado el 13 julio 2026 @ 15:00 por Prensa UCV Radio
Editado el 12 julio 2026 @ 19:36 por Prensa UCV Radio

El Ejecutivo aseguró que en cuatro meses ha realizado siete vuelos de expulsión y destacó una disminución de los ingresos irregulares al país. El último operativo trasladó a 40 personas hacia Bolivia, Ecuador y Colombia.

El Gobierno entregó este domingo un nuevo balance del Plan de Control Migratorio, informando que el total de expulsiones de ciudadanos extranjeros ejecutadas durante 2026 alcanzó las 1.174, tras concretarse el séptimo vuelo de deportación desde el inicio de la administración del presidente José Antonio Kast.

La información fue dada a conocer por el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, junto al director nacional del Servicio Nacional de Migraciones (Sermig), Frank Sauerbaum, además de representantes de la Policía de Investigaciones y de la nueva brigada especializada en control migratorio.

Hasta el 9 de julio se habían concretado 1.134 expulsiones, de las cuales 1.009 correspondían a procedimientos administrativos y 125 a órdenes judiciales. Con las 40 personas expulsadas en el operativo realizado este domingo, la cifra aumentó a 1.174.

Pavez destacó el ritmo de los procedimientos y comparó los resultados con la administración anterior.

«En apenas cuatro meses ya hemos realizado siete vuelos de expulsión, lo que representa un tercio de todos los vuelos ejecutados durante los cuatro años del gobierno anterior», afirmó.

Asimismo, sostuvo que el país ya supera las 1.100 expulsiones durante 2026, cifra que calificó como superior a la registrada en cada uno de los años entre 2022 y 2024 y equivalente a más del 92% del total alcanzado durante 2025.

«Los resultados hablan por sí solos. Con decisión, capacidad de gestión y mucha capacidad operativa estamos materializando las órdenes de expulsión de acuerdo a la ley, estamos ordenando nuestra casa y restaurando la cultura del orden migratorio de nuestro país», señaló.

Operativo incluyó expulsiones administrativas y judiciales

El séptimo vuelo fue realizado en un avión Boeing 737-300 de la Fuerza Aérea de Chile (FACH), que despegó desde Santiago, realizó una escala en Iquique y continuó hacia Bolivia, Ecuador y Colombia.

Del total de personas expulsadas, 28 correspondían a procedimientos administrativos y 12 a órdenes judiciales. En el operativo participaron además 41 funcionarios como escoltas, completando un total de 81 personas a bordo.

En cuanto a las nacionalidades, fueron expulsados 20 ciudadanos colombianos, 13 bolivianos y siete ecuatorianos.

El director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, explicó que quienes fueron expulsados por orden judicial mantenían condenas o causas por delitos graves.

«Tenemos 40 expulsados el día de hoy en un vuelo FACH, 28 de ellas personas que han salido administrativamente y 12 con orden judicial, básicamente por robo con violencia, robo con intimidación, tenencia de armas, infracción a la Ley 20.000 y abuso sexual», indicó.

Además, informó que entre los expulsados figuraba un ciudadano colombiano con una orden de captura vigente por el delito de deserción.

Disminuyen los ingresos clandestinos

Durante la actividad, Sauerbaum también entregó un balance sobre los ingresos irregulares al país, asegurando que la tendencia continúa a la baja.

«Podemos decir con satisfacción que los ingresos clandestinos suman durante el año 10.038, pero el 70% corresponde a personas fiscalizadas dentro del país y apenas el 30% ingresó por pasos no habilitados durante este año, reduciendo ese número a 2.700 personas», afirmó.

Según cifras del Servicio Nacional de Migraciones, entre enero y junio se registraron 14.568 ingresos por pasos no habilitados en 2025, frente a 14.834 en 2024, 22.820 en 2023 y 31.910 en 2022.

Respecto de las salidas voluntarias, Sauerbaum informó que durante este año 6.384 personas abandonaron Chile por decisión propia. De ellas, 911 salieron tras el terremoto ocurrido en Venezuela y el 93% corresponde a ciudadanos venezolanos que permanecían en situación migratoria irregular.

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