El Juzgado de Garantía de Antofagasta deberá resolver este viernes si los cuatro años que la exalcaldesa Karen Rojo permaneció privada de libertad en Países Bajos serán descontados de la condena de cinco años y un día de presidio que actualmente cumple en Chile por el delito de fraude al fisco.

Antes de la audiencia, el tribunal ordenó reunir nuevos antecedentes sobre el proceso de extradición y el período de reclusión de la exjefa comunal en Europa.

El juez Marco Antonio Escobar ofició al Ministerio de Relaciones Exteriores para que solicite formalmente al Reino de los Países Bajos la documentación que acredite la fecha de detención de Rojo, el inicio de su privación de libertad, la fecha en que fue entregada a las autoridades chilenas y si su reclusión fue total o parcial. Además, instruyó a Interpol Santiago remitir todos los antecedentes relacionados con la extradición.

La decisión fue cuestionada por la defensa de la exalcaldesa. La abogada Loreto Flores calificó la medida como una demora innecesaria y sostuvo que la privación de libertad de su representada ya se encuentra plenamente acreditada.

«Sería grave que a través de trámites burocráticos se pretenda demorar la adopción de decisiones. A esta altura es bien inédito que se indique que no se tiene certeza que doña Karen Rojo no estuvo privada de libertad desde el 13 de julio de 2022 hasta ahora, en forma ininterrumpida», afirmó.

Según la defensa, al momento de ser extraditada a Chile, Rojo ya contaba con la documentación que acredita el tiempo que permaneció recluida en la cárcel de Utrecht, antecedentes que serán presentados nuevamente durante la audiencia.

Actualmente, la exalcaldesa cumple su condena en el Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín en calidad de sentencia firme. Sin embargo, su equipo jurídico sostiene que ello no impide solicitar el reconocimiento del tiempo que permaneció privada de libertad en Países Bajos por la misma causa.

De acogerse la solicitud, la condena no quedará sin efecto, pero sí podría modificarse el tiempo restante de cumplimiento, permitiendo que la defensa evalúe la eventual solicitud de beneficios penitenciarios.

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