El Gobierno decidió retirar la indicación que permitía juzgar como adultos a adolescentes de 16 y 17 años que cometieran delitos de extrema gravedad, como homicidios o secuestros, en el marco de la reforma a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente.

La determinación implica que el Ejecutivo mantendrá otras medidas destinadas a endurecer la legislación vigente, pero descartó incorporar el mecanismo que modificaba el régimen de juzgamiento para menores de edad.

La decisión generó cuestionamientos desde partidos del oficialismo. El vicepresidente del Partido Nacional Libertario y subjefe de bancada, Hans Marowski, acusó al Gobierno de retroceder en materia de seguridad y advirtió que su colectividad no respaldará el proyecto si la norma no es reincorporada.

En la misma línea, el diputado de la UDI Jaime Coloma calificó como «incomprensible» que el Ministerio de Justicia desistiera de una propuesta que había defendido semanas atrás. El parlamentario sostuvo que las organizaciones criminales utilizan a menores de edad para cometer delitos debido a las sanciones más bajas que contempla la legislación vigente y adelantó que su bancada rechazará la iniciativa durante su tramitación.

Las críticas también surgieron desde la oposición. El diputado del PPD José Montalva consideró que fue un error retirar la posibilidad de juzgar como adultos a adolescentes involucrados en delitos de extrema gravedad.

No obstante, el parlamentario planteó que el debate no debe centrarse únicamente en el aumento de las penas, sino también en fortalecer las políticas de reinserción, argumentando que una estrategia integral resulta clave para reducir la reincidencia juvenil.

Con las nuevas indicaciones ya ingresadas, la reforma continuará su tramitación en el Congreso. Mientras sectores oficialistas anunciaron que buscarán reponer la norma eliminada, el Ejecutivo insistirá en fortalecer el sistema de responsabilidad penal adolescente sin modificar el régimen que impide juzgar como adultos a menores de edad.

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