La confirmación del Poder Judicial de que un examen de ADN identificó con una probabilidad superior al 99,999% a Bernarda Vera Contardo como la mujer ubicada en Argentina provocó diversas reacciones en el mundo político, incluyendo solicitudes para revisar beneficios estatales y analizar posibles responsabilidades derivadas del caso.

El ministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, recordó que la existencia de antecedentes sobre la ubicación de Vera ya había trascendido anteriormente a través de un reportaje periodístico y recalcó que la investigación judicial continúa bajo reserva.

«Esa es una situación que tiempo atrás se conoció públicamente a través de un reportaje o un medio de comunicación. Entiendo que hoy día el juez que lleva la causa se reunió y comunicó con los familiares que había prácticamente un 100% de coincidencia en el ADN (…), pero al mismo tiempo expresamente todos sabemos que hay una investigación de carácter reservada o secreta», señaló.

Desde la bancada de la UDI, los diputados Flor Weisse, Sergio Bobadilla y Daniel Lilayú solicitaron al Gobierno y al Consejo de Defensa del Estado evaluar acciones para recuperar recursos públicos que, a su juicio, podrían haber sido entregados de manera indebida si se comprueba que existieron beneficios asociados a la condición de detenida desaparecida.

Los parlamentarios indicaron que, según información proporcionada por el Instituto de Previsión Social (IPS), familiares de Bernarda Vera accedieron a pensiones contempladas para este tipo de casos y plantearon que corresponde determinar si esos pagos se ajustaron a derecho.

Por su parte, la diputada Stephanie Jéldrez, del Partido Republicano, anunció que su bancada impulsará una Comisión Especial Investigadora para revisar la entrega de pensiones de gracia y otros beneficios estatales, iniciativa que también fue respaldada por el diputado Alejandro Riquelme, quien sostuvo que el caso evidencia la necesidad de revisar los antecedentes que sustentan registros oficiales vinculados a violaciones a los derechos humanos.

En la misma línea, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Gloria Naveillán, del Partido Nacional Libertario, cuestionó los recursos que el Estado habría destinado en este caso y planteó la necesidad de esclarecer si corresponde adoptar medidas respecto de los beneficios otorgados.

Mientras tanto, el Poder Judicial mantiene la causa bajo secreto de investigación y no ha entregado mayores antecedentes sobre las diligencias en curso, limitándose a informar que la identificación fue establecida mediante peritajes genéticos realizados por el Servicio Médico Legal.

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