Tras casi una decena de horas de exposiciones y argumentos, el Tribunal Constitucional (TC) inició la fase decisiva para resolver los tres requerimientos de la oposición contra la Ley de Reconstrucción Nacional, conocida como la “megarreforma”.

Las audiencias se desarrollaron durante miércoles y jueves y permitieron al tribunal escuchar las posiciones de organizaciones de la sociedad civil, representantes del Congreso y del Ejecutivo respecto de las normas que fueron impugnadas.

Durante la primera jornada, los magistrados recibieron por más de cinco horas a representantes de 56 entidades de la sociedad civil, entre ellas organizaciones sindicales, agrupaciones ambientalistas, entidades vinculadas a la defensa del medio ambiente y centros de estudios.

Las exposiciones abordaron las distintas materias cuestionadas por la oposición, principalmente aquellas relacionadas con la invariabilidad tributaria y modificaciones en materia ambiental.

Entre estas últimas se encuentra el mecanismo que contempla una eventual compensación económica por parte del Estado cuando una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) sea anulada judicialmente.

Alegatos de Senado, Cámara y Gobierno

Este jueves fue el turno de los intervinientes directamente involucrados en el requerimiento. Durante casi seis horas, el TC escuchó los argumentos de los abogados que representan al Senado y a la Cámara de Diputados.

Por el Senado expusieron los abogados Jorge Correa Sutil y Melissa Mallega, mientras que la representación de los diputados estuvo a cargo de Diego Pardo.

Posteriormente intervino el abogado Arturo Fermandois, quien defendió la posición del Presidente José Antonio Kast y contó con 40 minutos para desarrollar sus argumentos.

La última exposición estuvo a cargo de la abogada Catalina Salem, en representación del Senado.

Uno de los principales puntos de controversia fue la norma que establece la invariabilidad tributaria. Jorge Correa Sutil sostuvo que impedir que futuras legislaturas puedan modificar determinadas disposiciones legales sería incompatible con los principios de una república democrática.

El abogado pidió al TC mantener una actitud de deferencia hacia el legislador, argumentando que las mayorías representadas en el Congreso deben conservar sus facultades constitucionales para legislar.

En materia ambiental, Melissa Mallega cuestionó el régimen de indemnización asociado a la anulación judicial de una RCA. A su juicio, la norma convertiría la anulación de una resolución administrativa por incumplimiento de la legalidad en un supuesto error indemnizable por parte del Estado.

La abogada calificó el mecanismo como una fórmula reparatoria privilegiada que, según su interpretación, entraría en conflicto con la Constitución.

Desde la Cámara de Diputados, Diego Pardo también cuestionó la invariabilidad tributaria y sostuvo que, si el objetivo era establecer una limitación de esa naturaleza, debió recurrirse a una reforma constitucional en lugar de hacerlo mediante una ley.

Gobierno defiende constitucionalidad de la normativa

En representación del Presidente Kast, Arturo Fermandois defendió la constitucionalidad de las disposiciones impugnadas y sostuvo que la legislación forma parte del compromiso del Ejecutivo para impulsar la reactivación económica.

El abogado puso énfasis en la presunción de constitucionalidad de las leyes y cuestionó los argumentos expuestos por las cámaras del Congreso, señalando que sus planteamientos llevarían a concluir que una democracia no podría asumir obligaciones de largo plazo mediante legislación.

Respecto de las normas relacionadas con las Resoluciones de Calificación Ambiental, Fermandois defendió el objetivo de otorgar mayor certeza a los procesos de evaluación ambiental y entregar mayores garantías a quienes buscan desarrollar proyectos.

Según planteó, el mecanismo no pretende asegurar el éxito económico de una iniciativa privada, sino entregar un nivel mínimo de respaldo frente a determinadas situaciones derivadas de la anulación de una RCA.

TC deberá definir el futuro de las normas cuestionadas

Con el término de los alegatos y la incorporación de los antecedentes al proceso, el Tribunal Constitucional quedó en condiciones de avanzar hacia la resolución de los tres requerimientos presentados contra la denominada “megarreforma”.

El fallo será determinante para establecer si las disposiciones cuestionadas pueden mantenerse dentro de la Ley de Reconstrucción Nacional o si algunas de ellas deberán ser excluidas del texto.

Entre las materias que concentran la atención se encuentran precisamente la invariabilidad tributaria y el régimen especial de compensación asociado a la anulación judicial de resoluciones ambientales.

La decisión del TC marcará así el siguiente capítulo de una disputa constitucional que enfrenta al Ejecutivo con sectores de la oposición y que podría tener efectos directos sobre el contenido final de una de las principales iniciativas legislativas del Gobierno.

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