El Gobierno ingresó este lunes al Senado una reforma constitucional que busca ampliar las facultades del Estado para enfrentar el crimen organizado y situaciones de grave afectación a la seguridad pública.

La iniciativa, impulsada por el Presidente José Antonio Kast, forma parte de la Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) y fue enviada al Congreso con suma urgencia, por lo que el Senado contará con un plazo de 15 días para abordar su tramitación.

El proyecto propone ocho modificaciones a la Constitución, entre ellas la creación de un nuevo estado de excepción constitucional de seguridad pública y la incorporación de disposiciones específicas para combatir a las organizaciones criminales.

Las principales medidas

Una de las propuestas busca incorporar expresamente la seguridad pública como un deber del Estado, junto con el resguardo de la seguridad nacional.

El texto también contempla un nuevo artículo destinado a establecer una protección constitucional frente al crimen organizado. Entre otras disposiciones, se plantea la posibilidad de establecer regímenes penitenciarios diferenciados y limitar comunicaciones, visitas, traslados y beneficios penitenciarios de personas condenadas por delitos vinculados a estas organizaciones, cuando ello sea necesario para impedir la continuidad de actividades ilícitas desde las cárceles.

Además, quienes sean condenados por delitos relacionados con el crimen organizado quedarían sujetos a una inhabilitación perpetua para ejercer determinados cargos o funciones públicas, junto con restricciones para acceder a ciertas penas sustitutivas y beneficios penitenciarios.

Otra de las modificaciones permitiría establecer mediante ley un registro de organizaciones criminales, cuya incorporación tendría efectos en materia de responsabilidad penal, manteniendo de todas formas la obligación del Ministerio Público de acreditar la participación individual de cada imputado.

Nuevo estado de excepción

Uno de los ejes centrales de la reforma es la creación de un estado de excepción constitucional de seguridad pública, que podría ser declarado por el Presidente ante una amenaza grave e inminente o una afectación grave de la seguridad pública.

La medida tendría una duración máxima de 120 días y podría ser prorrogada por un período equivalente. Para extensiones posteriores se requeriría la aprobación del Congreso Nacional.

Durante su vigencia, las zonas afectadas quedarían bajo la dependencia inmediata del oficial general designado por el Presidente. Una futura ley orgánica constitucional establecería las atribuciones de esta autoridad, las facultades de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y la eventual participación de las Fuerzas Armadas.

La reforma también contempla que, bajo este régimen, el Ejecutivo pueda suspender o restringir determinados derechos, entre ellos la libertad personal y de locomoción y el derecho de reunión. Asimismo, se propone permitir restricciones al derecho de asociación y medidas como la interceptación, apertura o registro de documentos y comunicaciones, además de requisiciones de bienes.

Facultad presidencial y rol del Senado

El proyecto plantea además que el Presidente pueda declarar que una determinada agrupación constituye una organización terrorista o de crimen organizado, sobre la base de un informe fundado del Ministerio Público o del Consejo de Seguridad Nacional.

Esta declaración deberá posteriormente ser sometida al Senado, que tendrá que aprobarla o rechazarla en sesión secreta y por un quórum de dos tercios de sus integrantes en ejercicio.

La Cámara Alta dispondrá de cinco días desde la recepción de la solicitud para pronunciarse y no podrá modificar el contenido de la declaración presidencial.

La propuesta fue suscrita por el Presidente José Antonio Kast y los ministros del Interior, Claudio Alvarado; de Defensa, Fernando Barros; de Seguridad Pública, Martín Arrau; y de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot.

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