Una denuncia por un eventual fraude al Fisco que involucraría más de $131 millones fue presentada ante la Fiscalía de Limache por el diputado del Partido de la Gente (PDG), Javier Olivares, a raíz de antecedentes relacionados con la Municipalidad de Olmué, en la región de Valparaíso.

El parlamentario entregó al Ministerio Público documentación que incluye comprobantes bancarios, contratos y órdenes de compra emitidas por el municipio, antecedentes que, según planteó, podrían dar cuenta de un eventual mecanismo irregular en el uso de recursos públicos.

De acuerdo con la denuncia, un contratista habría entregado determinadas sumas de dinero que posteriormente serían restituidas mediante contratos y adquisiciones municipales.

Olivares también solicitó que se investigue un eventual direccionamiento de procesos de licitación correspondientes a los años 2024, 2025 y 2026, además de determinar si existió participación o responsabilidad de funcionarios municipales y del alcalde de Olmué, Jorge Jil.

El diputado sostuvo que la presentación se enmarca en su labor de fiscalización y en la necesidad de esclarecer el destino de los recursos públicos bajo criterios de transparencia y probidad.

Alcalde asegura que municipio ya inició investigación

Frente a la denuncia, el alcalde Jorge Jil afirmó que el municipio ya había adoptado medidas luego de conocer antecedentes relacionados con eventuales irregularidades en pagos efectuados a un proveedor.

El jefe comunal explicó que el viernes 14 de agosto ingresó una denuncia ante la propia municipalidad y que ese mismo día instruyó un sumario administrativo para establecer las circunstancias de los hechos.

Como parte de esa investigación interna, el fiscal administrativo determinó suspender de sus funciones al funcionario involucrado, quien deberá prestar declaración durante esta semana.

Jil agregó que el proveedor mencionado en los antecedentes también será citado para entregar su versión.

Asimismo, informó que este lunes la Municipalidad de Olmué solicitó formalmente a la Contraloría General de la República realizar una investigación especial que permita revisar los pagos efectuados desde 2024 y los procesos de licitación adjudicados al proveedor cuestionado.

El alcalde aseguró que la administración municipal no encubrirá ni protegerá a ninguna persona y afirmó que, si las investigaciones establecen la existencia de irregularidades o un uso indebido de fondos públicos, se adoptarán las acciones administrativas y legales correspondientes.

Entre estas medidas, añadió, eventualmente podría contemplarse la remisión de nuevos antecedentes al Ministerio Público.

Investigación deberá determinar eventuales responsabilidades

Por ahora, los antecedentes se encuentran en etapa de investigación y corresponderá al Ministerio Público determinar si los hechos denunciados podrían constituir algún delito y establecer las eventuales responsabilidades.

La presentación realizada por el diputado no implica por sí misma que exista responsabilidad penal de las personas mencionadas, quienes deberán ser consideradas inocentes mientras no exista una sentencia judicial que determine lo contrario.

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