La seremi de Gobierno de Valparaíso, Rosario Pérez, valoró las nuevas medidas anunciadas por el Gobierno del Presidente José Antonio Kast en el marco de la Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), iniciativa que busca fortalecer las herramientas del Estado para enfrentar a las organizaciones criminales y terroristas.

La propuesta contempla, entre otras medidas, establecer regímenes penitenciarios diferenciados para personas condenadas por delitos vinculados al crimen organizado y el terrorismo, incorporando restricciones a las comunicaciones, visitas, traslados y beneficios penitenciarios.

El objetivo es impedir que personas privadas de libertad puedan continuar coordinando o dirigiendo actividades ilícitas desde los recintos penitenciarios.

La seremi Rosario Pérez destacó que estas nuevas herramientas permitirán reforzar la respuesta del Estado frente a la evolución del crimen organizado en la Región de Valparaíso.

“El crimen organizado ha cambiado, una realidad que también vemos en nuestra región. Frente a eso, el Estado no puede quedarse atrás. Por eso el Gobierno está impulsando nuevas herramientas que fortalezcan la capacidad de combatir estas organizaciones criminales, golpear sus estructuras, evitar que sigan operando desde las cárceles y recuperar el control para dar más seguridad a las familias de la Región de Valparaíso”, señaló.

Mayor control en las cárceles

Dentro de las medidas anunciadas se encuentra el fortalecimiento de las facultades de Gendarmería de Chile para establecer condiciones penitenciarias especiales para condenados vinculados al crimen organizado y el terrorismo.

Estas disposiciones podrían considerar restricciones en materia de comunicaciones, visitas, traslados y acceso a determinados beneficios penitenciarios, buscando impedir que las personas condenadas continúen participando en actividades delictivas desde los centros penitenciarios.

El seremi de Justicia, Rafael González, sostuvo que la seguridad penitenciaria constituye un elemento fundamental para desarticular estas organizaciones.

“Los establecimientos penitenciarios no pueden ser lugares desde los cuales se siga planificando y cometiendo delitos. Para ello, avanzar en el plan de infraestructura, en el que nuestra región se encuentra considerada, así como implementar medidas de control que se sumen a las ya existentes, es fundamental para cortar carreras delictuales y, principalmente, para desbaratar organizaciones criminales que, hasta ahora, a pesar de estar recluidas, continúan operando”, indicó.

Registro nacional de organizaciones criminales

Otra de las propuestas contempla la creación de un registro de organizaciones criminales, con el objetivo de fortalecer la persecución de quienes forman parte de estas estructuras.

La iniciativa establece que la existencia de una organización criminal podrá generar efectos en materia de responsabilidad penal, aunque el Ministerio Público deberá acreditar igualmente la participación individual de cada imputado.

Además, se propone establecer un procedimiento para que una agrupación pueda ser declarada como organización terrorista o de crimen organizado, con participación del Presidente de la República, el Ministerio Público o el Consejo de Seguridad Nacional y el Senado.

En este último caso, la declaración presidencial deberá ser aprobada por dos tercios de los senadores en ejercicio.

“Estamos dando un paso decisivo para que quienes integran organizaciones criminales creadas para delinquir enfrenten consecuencias más duras. No basta con perseguir los delitos individualmente, también debemos desarticular las organizaciones, sus redes y su capacidad de coordinación”, afirmó la seremi Rosario Pérez.

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