Las declaraciones del ministro de Defensa, Fernando Barros, sobre la necesidad de revisar el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Ley Lafkenche generaron un amplio debate político en el Congreso, con posiciones contrapuestas entre parlamentarios de distintos sectores.

En entrevista con DF MAS, Barros sostuvo que Chile debe avanzar hacia una revisión de ambas normativas e incluso planteó la posibilidad de que el país abandone el Convenio 169, argumentando que sus disposiciones establecerían diferencias entre ciudadanos según su origen étnico.

El ministro afirmó que el concepto de plurinacionalidad constituye un factor de división y calificó al Convenio 169 y a la Ley Lafkenche como elementos que representan un “riesgo para el país”.

Sus dichos fueron abordados por el ministro del Interior y Seguridad Pública y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, quien tomó distancia de la posibilidad de modificar la posición del Estado chileno respecto del tratado.

El secretario de Estado recordó que el Convenio 169 fue suscrito y posteriormente ratificado por el Congreso, señalando que actualmente el país lo respeta íntegramente.

Respaldo a la propuesta

Desde sectores oficialistas surgieron voces favorables a revisar las normativas cuestionadas por Barros.

El diputado republicano Alejandro Riquelme respaldó las declaraciones del ministro y sostuvo que el reconocimiento de los pueblos originarios no debería traducirse en diferencias de derechos entre ciudadanos.

A su juicio, tanto el Convenio 169 como la Ley Lafkenche deben ser revisados bajo el principio de igualdad ante la ley, argumentando que las normas no deberían generar privilegios o discriminaciones asociadas al origen étnico.

Desde Renovación Nacional, la diputada Ximena Ossandón planteó una posición más cautelosa. Si bien reconoció que el Convenio 169 puede generar “externalidades negativas”, sostuvo que una decisión de esa magnitud debe ser discutida a nivel de Estado y considerando las atribuciones del Presidente en materia de relaciones internacionales.

En tanto, la diputada del Partido Nacional Libertario, Gloria Naveillán, llamó al Gobierno a revisar los tratados internacionales y sostuvo que Chile tiene la soberanía necesaria para evaluar los compromisos que ha adquirido.

Una postura similar expresó el diputado del Partido de la Gente, Javier Olivares, quien consideró necesario abrir un debate sobre ambas normativas y evaluar sus efectos sobre el desarrollo, la inversión y el interés general del país.

Oposición acusa “irresponsabilidad”

Las declaraciones de Barros también provocaron fuertes críticas desde la oposición.

El diputado independiente-PPD Héctor Ulloa calificó de “estupidez” la idea de abandonar el Convenio 169 y cuestionó que el ministro de Defensa vinculara el tratado y la Ley Lafkenche con riesgos para la seguridad nacional.

Ulloa sostuvo que el Convenio 169 reconoce derechos de los pueblos indígenas y advirtió que una eventual salida del tratado tendría consecuencias para Chile. Además, pidió al Gobierno precisar si las declaraciones de Barros corresponden a una opinión personal o representan una posición oficial del Ejecutivo.

Desde el Partido Comunista, el diputado Marcos Barraza también cuestionó duramente los dichos del titular de Defensa, calificándolos como “lamentables y graves”.

El parlamentario sostuvo que presentar los derechos de los pueblos originarios como un riesgo para el país constituye, a su juicio, una señal preocupante y llamó a privilegiar el diálogo y el reconocimiento de la diversidad.

De esta manera, las declaraciones de Fernando Barros abrieron un nuevo flanco de debate al interior del Congreso, enfrentando a quienes consideran necesario revisar el impacto de estas normativas y a quienes advierten que cualquier modificación debe resguardar los compromisos internacionales asumidos por Chile y los derechos de los pueblos originarios.

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