La Corte de Apelaciones de Valparaíso revisará este martes dos recursos de protección relacionados con la paralización de proyectos habitacionales en el sector de El Olivar, en Viña del Mar, destinados a familias afectadas por el megaincendio.

Las acciones judiciales apuntan contra el Ministerio de Vivienda y cuestionan la decisión de detener las obras, poner término anticipado a contratos y ordenar la demolición de algunas estructuras que formaban parte del proceso de reconstrucción.

Uno de los recursos fue presentado por familias damnificadas, quienes sostienen que la medida habría afectado derechos fundamentales vinculados con la propiedad, la igualdad ante la ley y la vida e integridad física y psíquica.

Entre las afectadas se encuentra Clemira Castro, quien relató que esperaba recibir su vivienda durante junio, pero posteriormente fue informada de que la construcción sería demolida. La representación jurídica de las familias está a cargo del abogado Juan Andrés Pavez, quien espera que el tribunal pueda conocer los efectos que la paralización ha generado en quienes continúan a la espera de una solución habitacional.

La segunda acción judicial fue presentada por Social Arquitectura, entidad patrocinante de los proyectos, que acusa que la paralización y posterior demolición de las obras fueron decisiones “arbitrarias e ilegales”.

La abogada de la empresa, Erika Maira, sostuvo que la acción busca que se deje sin efecto la decisión administrativa que frenó los trabajos y que puedan retomarse los proyectos.

Ambos recursos solicitan dejar sin efecto el Oficio Ordinario N.º 245, emitido el 24 de marzo de 2026, además de permitir la reanudación de 12 proyectos habitacionales y evitar nuevas intervenciones de la autoridad en su desarrollo.

La postura del Minvu

Desde el Ministerio de Vivienda han defendido la decisión adoptada y aseguran que existen antecedentes técnicos que evidenciarían deficiencias estructurales relevantes en las viviendas proyectadas.

Entre los problemas detectados se mencionan dificultades en los sistemas de anclaje y una resistencia al fuego considerada insuficiente.

Estos antecedentes fueron elaborados por organismos técnicos vinculados al propio Minvu y por el IDIEM de la Universidad de Chile.

Ahora, la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Valparaíso deberá analizar los argumentos de las partes y determinar si las decisiones cuestionadas se ajustaron a derecho.

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