Tras más de tres años de investigación y cerca de un año de juicio oral, la justicia dictó este lunes las condenas contra los integrantes de una organización criminal dedicada a la emisión masiva de licencias médicas falsas, en una causa que es considerada uno de los mayores fraudes detectados contra el sistema de salud chileno.

El Séptimo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago dio a conocer las penas contra los 17 integrantes de la red, quienes habían sido declarados culpables el pasado 23 de junio. Las sanciones van desde los cuatro hasta los 21 años y un día de cárcel, además de millonarias multas en los casos de mayor responsabilidad.

Entre los principales condenados se encuentra Samir Rivaldo, señalado como líder de la organización, quien recibió una pena de 21 años y un día de presidio efectivo, junto con una multa superior a los $2.560 millones. Además, se decretó su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y la pérdida de sus derechos políticos.

En tanto, Jessica Donado, identificada como la segunda integrante con mayor responsabilidad dentro de la estructura, fue condenada a 10 años de cárcel efectiva y al pago de una multa superior a los $1.500 millones.

La organización estaba compuesta por nueve médicos y ocho captadores, estos últimos encargados de contactar a personas interesadas en obtener licencias médicas fraudulentas. La mayoría de los profesionales médicos involucrados eran de nacionalidad colombiana.

Más de 71 mil licencias fraudulentas

De acuerdo con los antecedentes establecidos durante la investigación, los integrantes de la red emitieron fraudulentamente 71.653 licencias médicas, provocando millonarios perjuicios tanto al sistema público como al privado.

En el caso de Fonasa, el perjuicio económico directo fue calculado en $26.606 millones, mientras que las isapres registraron un daño estimado en $1.620 millones.

La investigación permitió establecer que la organización funcionaba mediante una estructura previamente organizada, con sociedades creadas para facilitar la operación, consultas médicas ficticias y domicilios particulares utilizados para contratar a profesionales.

Los captadores, por su parte, contactaban a los potenciales compradores principalmente a través de redes sociales.

El sistema incluso contaba con una especie de tarifa establecida dependiendo de la duración de la licencia. Los documentos de 11 días tenían un valor de entre $25 mil y $33 mil, dependiendo de si la atención era mediante telemedicina o presencial. Las licencias de 15 días costaban $49 mil, las de 21 días $58 mil y las de 30 días llegaban a $70 mil.

De estos montos, los captadores recibían comisiones de entre $11 mil y $16 mil por licencia, mientras que los médicos obtenían aproximadamente $10 mil por cada documento emitido.

Un caso que expuso el alcance de la operación

Uno de los episodios que evidenció la magnitud de la red involucró al médico colombiano Jeffry Yessid Donado Alvis, quien, pese a haber permanecido físicamente en Chile solo cinco días durante abril de 2022, consiguió emitir miles de licencias desde el extranjero.

A través del centro médico Provimedc SPA, el profesional llegó a firmar 7.287 licencias para Fonasa, generando un perjuicio superior a los $2.557 millones.

La investigación fue desarrollada por la Fiscalía de Alta Complejidad y contó además con la participación de ALTO Inmune, entidad que intervino como querellante en representación del sistema privado.

Desde la organización valoraron las condenas y señalaron que la sentencia representa un precedente frente al fraude relacionado con las licencias médicas.

Rodrigo Varela, gerente legal de ALTO Inmune, calificó las penas como “ejemplificadoras” y sostuvo que los delitos acreditados —entre ellos lavado de activos, organización ilícita y fraude con licencias médicas— generaron un grave perjuicio al sistema.

Llamado a perseguir toda la cadena del fraude

Tras conocerse la sentencia, desde ALTO Inmune plantearon que el combate al uso fraudulento de licencias debe considerar tanto a quienes las emiten como a quienes las adquieren.

“La ley no hace distinciones entre comprador y vendedor”, sostuvo Varela, quien llamó a avanzar en sanciones para todos los participantes de este tipo de operaciones.

En la misma línea, la presidenta de la Asociación de Isapres, Melissa Hohmann, afirmó que las licencias médicas cumplen una función fundamental para los trabajadores, pero advirtió que su utilización fraudulenta compromete recursos destinados a personas que realmente necesitan atención y protección de salud.

La sentencia marca así el cierre de una extensa investigación que permitió desarticular una estructura dedicada durante años a la comercialización de licencias médicas falsas, con un perjuicio que afectó tanto a los recursos públicos como al sistema privado de salud.

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