El Gobierno decidió reducir el ritmo de tramitación de la reforma constitucional en materia de seguridad que busca fortalecer el Sistema Nacional de Seguridad Pública y modificar el régimen de estados de excepción, pasando su urgencia de suma a simple.

La decisión se produce en medio de una ofensiva legislativa que contempla acelerar la discusión de 23 proyectos relacionados con seguridad, pero que también ha evidenciado las dificultades del Ejecutivo para conseguir los consensos necesarios en el Congreso.

Desde La Moneda aseguran que la medida no implica retirar la iniciativa ni representa un retroceso. Por el contrario, se trata de una estrategia para generar un período de mayor diálogo político antes de enfrentar una eventual votación en el Senado.

El ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, explicó que la urgencia simple permitirá mantener el proyecto en la agenda parlamentaria considerando la alta carga de trabajo que actualmente tienen las comisiones de Constitución de ambas cámaras.

De esta manera, el Ejecutivo dispone de aproximadamente 30 días para negociar modificaciones y buscar acuerdos con los distintos sectores políticos, evitando que una tramitación acelerada termine provocando el rechazo de una iniciativa que requiere un amplio respaldo parlamentario.

El estado de excepción concentra las diferencias

Uno de los principales puntos de conflicto continúa siendo la propuesta de establecer un nuevo estado de excepción, materia que ha generado reparos entre distintos sectores del Congreso.

El Presidente José Antonio Kast había manifestado previamente su disposición a mantener la propuesta del Ejecutivo, mientras que García Ruminot evitó establecer públicamente una línea roja y trasladó el debate a la Comisión de Constitución.

La diferencia de énfasis abre un espacio para la negociación. Mientras el Gobierno mantiene su objetivo de modificar el actual régimen de estados de excepción, la discusión parlamentaria podría introducir cambios destinados a conseguir los votos necesarios para que la reforma avance.

El escenario plantea una disyuntiva para La Moneda: mantener su propuesta prácticamente sin modificaciones y arriesgar un estancamiento legislativo, o aceptar ajustes que permitan construir una mayoría suficiente.

Gobierno descarta retirar la iniciativa

Pese a la rebaja de urgencia, el Ejecutivo descartó retirar la reforma para posteriormente presentar una nueva versión.

“Nosotros mantenemos la reforma”, afirmó García Ruminot, reafirmando que la iniciativa continuará su tramitación en el Congreso.

La estrategia permite además diferenciar esta reforma del resto de la agenda de seguridad impulsada por el Gobierno. Mientras la modificación constitucional tendrá un plazo mayor para buscar acuerdos, otras iniciativas avanzarán con mayor celeridad.

Entre ellas se encuentran proyectos vinculados a las Reglas del Uso de la Fuerza, infraestructura crítica y modificaciones a la responsabilidad penal adolescente, además de una decena de iniciativas que tendrán discusión inmediata.

Así, La Moneda busca mantener activa su agenda de seguridad sin convertir toda la ofensiva legislativa en una disputa centrada exclusivamente en el nuevo régimen de estados de excepción.

La rebaja de urgencia aparece, en ese contexto, como una pausa para negociar antes de arriesgar una derrota parlamentaria, con el desafío de que el Ejecutivo consiga ordenar sus apoyos y sumar los votos de otros sectores para sacar adelante una reforma constitucional que requiere un quórum especialmente exigente.

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