Un requerimiento ante la Contraloría Regional de Valparaíso presentaron este viernes representantes de distintas organizaciones vinculadas a la educación pública, quienes cuestionaron la legalidad de las medidas de ajuste presupuestario implementadas por el Gobierno de José Antonio Kast.

La presentación fue realizada por la Coordinadora por la Defensa de la Educación Pública de la región, acompañada por el diputado Luis Cuello y la consejera regional Paula Rosso. Al documento adhirieron organizaciones como el Colegio de Profesores regional y comunal de Valparaíso, funcionarios de JUNAEB, la Federación de Estudiantes de la Universidad de Valparaíso (FEUV), SITECOVA, el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Viña del Mar y la Asociación de Funcionarios y Funcionarias de la Educación de Valparaíso (AFEV).

Los impulsores de la acción sostienen que las medidas cuestionadas excederían el marco administrativo y afectarían obligaciones que el Estado mantiene respecto de la educación, además de derechos laborales y disposiciones contempladas en la legislación de protección de niños, niñas y adolescentes.

El diputado Luis Cuello afirmó que el requerimiento busca que el organismo contralor examine medidas que, a su juicio, vulnerarían el deber estatal de garantizar la educación y la obligación de priorizar políticas y programas sociales destinados a la niñez y adolescencia. El parlamentario cuestionó que, según su planteamiento, disposiciones de carácter administrativo estén modificando obligaciones establecidas legalmente.

Uno de los aspectos que generó preocupación entre los dirigentes corresponde a los efectos que los ajustes tendrían dentro de las comunidades escolares. La consejera regional Paula Rosso señaló que entre las medidas se encuentran el cierre y fusión de cursos y la combinación de niveles, situaciones que podrían dificultar la respuesta a las necesidades de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Rosso también manifestó reparos por los efectos que los recortes en JUNAEB tendrían sobre las prestaciones de salud destinadas a estudiantes, particularmente por la disminución de atenciones médicas y de los niveles y cursos que acceden a estos controles.

Desde el Colegio de Profesores, el vicepresidente regional Andrés Arce sostuvo que las modificaciones introducidas al sistema de educación pública deben considerar no solo criterios presupuestarios, sino también la protección de los derechos de las comunidades educativas.

A su juicio, las decisiones de ajuste terminan trasladando sus consecuencias hacia estudiantes y trabajadores, instalando una lógica económica por sobre las condiciones necesarias para garantizar una educación pública adecuada.

La presidenta comunal de Valparaíso del Colegio de Profesores, Alejandra Arévalo, puso además el foco en la planificación de las dotaciones para 2027. La dirigenta cuestionó la falta de información entregada a las comunidades educativas y sostuvo que las decisiones relacionadas con profesores y estudiantes deben transparentarse oportunamente.

En la misma línea, la presidenta nacional de la Asociación de Funcionarios de JUNAEB, Judith Parra, llamó a considerar el debate presupuestario desde una perspectiva de garantía de derechos. Según planteó, septiembre constituye un período relevante debido a la discusión del Presupuesto de la Nación y sostuvo que la educación debe ser entendida como parte del desarrollo del país.

Las organizaciones de asistentes de la educación también expresaron su respaldo a la presentación. Alonso Carvajal, presidente de SITECOVA, afirmó que las medidas cuestionadas han reforzado la unidad entre los distintos sectores vinculados a la educación pública y recalcó que continuarán defendiendo el sistema.

Por su parte, Violeta Serey, presidenta de AFEV, aseguró que existe preocupación transversal entre las comunidades educativas y llamó a evitar retrocesos en derechos relacionados con el acceso a una educación de calidad y a prestaciones de inclusión.

El presidente del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Viña del Mar, Carlos Fuenzalida, valoró la coordinación entre las organizaciones y aseguró que utilizarán las herramientas legales disponibles para defender la educación pública.

Desde el movimiento estudiantil universitario, Gisela Ordóñez, secretaria general de la FEUV y vocera del Zonal Quinta CONFECH, manifestó el respaldo de los estudiantes a los trabajadores de la educación. La dirigenta sostuvo que las restricciones presupuestarias también repercuten en los estudiantes del sistema público y llamó a garantizar condiciones que permitan su desarrollo académico y futuro acceso a la educación superior.

Con la presentación ante Contraloría, las organizaciones esperan que se revise el sustento jurídico de las medidas cuestionadas y se determine si estas se ajustan a las obligaciones legales del Estado en materia educacional y de protección de derechos.

Keywords: Colegio de Profesores, contraloria, educación pública, estudiantes, gobierno, junaeb, Luis Cuello, recortes, trabajadores, valparaiso