Después de años manteniendo un bajo perfil por razones de seguridad, el empresario Esteban Solari Bertoglia decidió entregar públicamente su versión sobre el conflicto que enfrenta desde 2019 por la ocupación de sus terrenos en el cerro Centinela, en San Antonio.

El propietario de las 260 hectáreas donde se instaló la denominada megatoma, actualmente habitada por cerca de 4 mil familias, acusó al Estado de haber actuado con “abandono, engaño y abuso” y cuestionó especialmente las decisiones adoptadas durante la administración del expresidente Gabriel Boric para enfrentar la situación.

La ocupación comenzó el 19 de octubre de 2019, cuando unas 500 personas ingresaron al terreno perteneciente a la familia Solari. Posteriormente, el asentamiento fue creciendo hasta alcanzar una magnitud considerable, situación que terminó paralizando proyectos inmobiliarios y de vivienda social que estaban contemplados para el sector.

Solari rechazó las versiones que apuntaban a que los propietarios habrían tenido algún grado de participación o incentivo en el origen de la toma. Según explicó, antes de la ocupación existían terrenos comprometidos con inmobiliarias y constructoras para distintos proyectos, entre ellos iniciativas destinadas a viviendas sociales.

El empresario también explicó que durante estos años decidió mantener silencio debido al temor generado tras el asesinato del empresario Alejandro Correa en Concón. Sin embargo, sostuvo que las versiones que han circulado sobre el origen de la ocupación y la propiedad de los terrenos lo llevaron a entregar públicamente su posición.

Cuestionamientos al manejo del desalojo

Uno de los principales cuestionamientos de Solari apunta a la forma en que se abordó la orden de desalojo dictada por la Corte Suprema.

El propietario aseguró que, después del fallo judicial, participaron en numerosas reuniones con autoridades para buscar una salida al conflicto. Según su relato, en esas conversaciones se planteó la posibilidad de adquirir los terrenos y se les aseguró que existía financiamiento para concretar la operación.

Sin embargo, afirmó que nunca recibió una garantía formal que respaldara dichos compromisos y que tampoco se concretó la participación de BancoEstado que, según se les había informado, permitiría materializar la compra.

En ese contexto, responsabilizó particularmente a la gestión del exministro de Vivienda Carlos Montes por no haber cumplido, a su juicio, los compromisos asumidos durante las mesas de trabajo.

Solari sostuvo además que el desalojo terminó convirtiéndose en un problema de alta complejidad para el Estado, debido a la cantidad de personas involucradas y a la incertidumbre respecto de la respuesta que podría producirse al momento de ejecutar la resolución judicial.

Desde su perspectiva, esta dificultad habría provocado que la decisión fuera postergada durante meses, con el objetivo de que el conflicto terminara siendo abordado por la administración siguiente.

Fuerte crítica al proceso de expropiación

El empresario también cuestionó los valores considerados para la eventual expropiación de los terrenos y afirmó que las tasaciones fiscales se encontrarían muy por debajo de lo que considera su precio comercial.

Solari aseguró que la disputa no tiene como principal objetivo obtener una mayor compensación económica, sino recuperar la totalidad del terreno que originalmente pertenecía a su familia.

En esa línea, criticó que el Estado pretenda adquirir los terrenos por montos que, según sus antecedentes, representarían menos de una décima parte de su valor comercial. También cuestionó que se busquen soluciones de política habitacional utilizando terrenos de propiedad privada.

El proceso contempla además la devolución o recuperación de solo una parte del paño original, situación que constituye otro de los puntos de conflicto para la familia propietaria.

Frente a este escenario, Solari señaló que continuarán recurriendo a las instancias judiciales disponibles para cuestionar los valores establecidos y defender sus derechos sobre el terreno.

El empresario insistió en que su principal expectativa es que se cumpla la resolución de la Corte Suprema y que puedan recuperar el terreno original, cerrando así un conflicto que se arrastra desde hace casi siete años.

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