La seguridad de las autoridades locales y las herramientas disponibles para enfrentar al crimen organizado fueron parte de los principales temas abordados por la Comisión de Seguridad Pública del Senado, que trasladó este lunes su sesión hasta la Municipalidad de San Bernardo, en la Región Metropolitana.

La jornada estuvo encabezada por la presidenta del Senado, Paulina Núñez, y el presidente de la comisión, Karim Bianchi, junto a los senadores Juan Luis Castro, Loreto Carvajal, Manuel José Ossandón, Cristian Vial y Paulina Vodanovic.

La elección de San Bernardo como sede de la sesión estuvo marcada por la situación que afecta al alcalde Christopher White, quien en los últimos días ha dado a conocer que ha recibido amenazas de muerte. El caso abrió nuevamente la discusión sobre los niveles de exposición que enfrentan las autoridades que desarrollan sus funciones en sectores afectados por organizaciones delictuales.

White participó de la instancia junto a representantes de las principales instituciones vinculadas a la seguridad pública. Entre los asistentes estuvieron el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau; la subsecretaria de Seguridad Pública, Pilar Giannini; el general director de Carabineros, Marcelo Araya; el director general de la Policía de Investigaciones, Eduardo Cerna; y el fiscal nacional, Ángel Valencia.

También participaron el gobernador de Santiago, Claudio Orrego; el delegado presidencial regional, Germán Codina; la delegada presidencial provincial de Maipo, María Francisca Rubio, además de autoridades municipales.

La comisión abordó la necesidad de reforzar las medidas destinadas a prevenir hechos de violencia contra quienes ejercen cargos públicos, junto con mejorar los mecanismos de protección, investigación y persecución de delitos relacionados con el crimen organizado.

En la sesión también estuvieron convocados representantes de las áreas investigativas y criminalísticas de Carabineros y la PDI, con el objetivo de aportar antecedentes sobre las capacidades existentes para enfrentar este tipo de amenazas.

La instancia parlamentaria buscó así recoger las inquietudes de las autoridades locales y evaluar eventuales medidas que permitan fortalecer la respuesta institucional ante un escenario en que las organizaciones criminales han incrementado su capacidad de intimidación y violencia.

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