Una serie de observaciones detectadas en el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) de Valparaíso llevó a la Contraloría General de la República a instruir un sumario administrativo para determinar eventuales responsabilidades y esclarecer las situaciones advertidas durante la fiscalización.

Entre los principales hallazgos aparecen deficiencias en los procesos de contratación, retrasos en procedimientos disciplinarios, designaciones que no contarían con una justificación suficiente para comisiones de servicio y dificultades para acreditar el destino de recursos correspondientes a la Subvención Escolar Preferencial (SEP).

Uno de los antecedentes que concentra la atención del informe corresponde a un exejecutivo que se encontraba suspendido de sus funciones, pero que continuó percibiendo remuneraciones hasta el 16 de marzo de este año. Según los antecedentes de Contraloría, los pagos líquidos efectuados durante ese período alcanzaron los $247.557.391.

El organismo atribuyó esta situación a la demora en resolver el procedimiento administrativo relacionado con su suspensión y eventual remoción.

Observaciones por contrataciones

El informe también da cuenta de distintas contrataciones directas realizadas por el SLEP Valparaíso sin concurso público o cuyos fundamentos, a juicio de la Contraloría, no resultarían suficientes para justificar la omisión de dicho mecanismo.

En particular, seis contrataciones destinadas a la administración central fueron respaldadas mediante argumentos considerados genéricos, entre ellos la necesidad de garantizar la continuidad del servicio o la idoneidad de las personas seleccionadas.

Sin embargo, de acuerdo con el ente fiscalizador, no se presentaron antecedentes suficientes que permitieran demostrar que se trataba de situaciones excepcionales en las que correspondía prescindir de un concurso público.

A ello se suma la contratación de dos personas para uno de los programas del SLEP, proceso en el que Contraloría detectó que no se desarrollaron procedimientos públicos, transparentes e inclusivos de reclutamiento y selección, basados en perfiles previamente establecidos.

Caso de funcionario que también prestaba servicios a municipio

Otro de los casos consignados en la revisión corresponde a Gonzalo Gajardo Vistoso, quien se desempeñaba como encargado de seguridad del SLEP Valparaíso y recibía una remuneración superior a los $2 millones.

Según los antecedentes incluidos en el informe, paralelamente Gajardo prestaba servicios a honorarios en la unidad de Medio Ambiente de la Municipalidad de La Calera.

Los distintos hallazgos serán abordados mediante el sumario instruido por la Contraloría, procedimiento que deberá establecer las eventuales responsabilidades administrativas derivadas de las situaciones detectadas.

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