Una orden de detención mantiene a la PDI tras el paradero de Natalia Álvarez Murillo, propietaria de Probarte Banquetería SpA e investigada por una serie de presuntas estafas relacionadas principalmente con servicios para matrimonios que no se habrían concretado.

De acuerdo con antecedentes difundidos por La Tercera y documentos judiciales, la investigación de la Fiscalía de Viña del Mar contempla cerca de 60 víctimas y un perjuicio económico estimado en aproximadamente $120 millones.

Álvarez fue formalizada en junio junto a su pareja, José Galarce, en una causa por estafas reiteradas. En esa oportunidad, el Ministerio Público y los querellantes solicitaron que ambos quedaran en prisión preventiva.

Una caución que le permitió recuperar la libertad

El 9 de junio, el Juzgado de Garantía de Viña del Mar decretó la prisión preventiva de Álvarez por considerar que existía peligro de fuga. Sin embargo, la resolución estableció una caución de $5 millones, alternativa que permitió que la imputada recuperara su libertad una vez que su defensa acreditó el depósito del dinero.

La Fiscalía recurrió de inmediato contra esa decisión y al día siguiente también lo hizo la parte querellante. Los antecedentes fueron revisados por la Corte de Apelaciones de Valparaíso.

El 12 de junio, la Tercera Sala del tribunal de alzada modificó la resolución y mantuvo la prisión preventiva, pero bajo la causal de peligro para la seguridad de la sociedad. Con ello, dejó sin efecto en la práctica la posibilidad de que Álvarez permaneciera libre mediante el pago de la caución.

El problema fue que para ese momento la mujer ya había abandonado el recinto penitenciario. Desde entonces no ha podido ser localizada y existe una orden de detención vigente en su contra.

El caso llegó hasta la Corte Suprema

La defensa intentó revertir la decisión de la Corte de Apelaciones de Valparaíso mediante un recurso de amparo. Entre sus argumentos planteó que el tribunal no había fundamentado suficientemente el cambio en la causal de prisión preventiva ni explicado por qué la caución fijada inicialmente resultaba insuficiente.

La acción buscaba que se restituyera la resolución original, es decir, que la prisión preventiva quedara vinculada nuevamente al peligro de fuga y que se mantuviera la posibilidad de acceder a la libertad mediante una caución.

La Corte de Apelaciones de Valparaíso se declaró incompetente para resolver el recurso, debido a que este cuestionaba una resolución dictada por otra sala del mismo tribunal. Los antecedentes fueron derivados a la Corte de Apelaciones de La Serena.

La acción fue finalmente rechazada y posteriormente llegó a la Corte Suprema, que el 20 de julio confirmó la decisión adoptada por el tribunal de La Serena.

El fallo, sin embargo, contó con dos votos disidentes. Los ministros Manuel Antonio Valderrama y Jorge Luis Zepeda estuvieron por acoger el amparo, al considerar que la resolución que modificó la causal de prisión preventiva no habría entregado una fundamentación suficiente, especialmente porque con ese cambio se eliminó la posibilidad de acceder a la caución.

Diligencias para encontrarla

Mientras se desarrollaba la disputa judicial, la PDI desplegó diligencias destinadas a establecer el paradero de Álvarez.

Parte de esas actuaciones fueron conocidas a raíz de otro recurso presentado por Julia Murillo, madre de la imputada, quien cuestionó procedimientos realizados por detectives en su domicilio de Casablanca.

Según su presentación, funcionarios policiales acudieron durante julio al inmueble consultando por su hija y posteriormente realizaron otras diligencias, incluida la revisión de un vehículo. También denunció presuntos seguimientos y cuestionó actuaciones que, de acuerdo con su versión, habrían involucrado a sus nietos menores de edad.

La Corte de Apelaciones de Valparaíso solicitó informes a la PDI y al Ministerio Público. Desde la policía descartaron irregularidades y señalaron que las diligencias se desarrollaron dentro del marco legal de la investigación.

El fiscal Leonel González, por su parte, explicó que el ingreso al inmueble se realizó en cumplimiento de una orden judicial de detención y respaldó las diligencias efectuadas para localizar a la imputada.

Pareja de Álvarez fue condenada

Mientras la búsqueda de Álvarez continúa, la investigación ya registra una condena contra su pareja, José Galarce.

El imputado accedió a un procedimiento abreviado y colaboró con la investigación, tras lo cual el Juzgado de Garantía de Viña del Mar lo condenó a 300 días de cárcel.

La pena fue sustituida por libertad vigilada bajo supervisión de Gendarmería, además del pago de una multa equivalente a 5 UTM.

La Fiscalía y la PDI mantienen las diligencias para dar con el paradero de Natalia Álvarez y hacer efectiva la orden que dispone su ingreso nuevamente a prisión preventiva.

Keywords: banquetera, Corte Suprema, estafa, fiscalia, matrimonios, Natalia Álvarez, pdi, prisión preventiva, Probarte Banquetería, viña del mar