Un total de 485 funcionarios de la Administración Central se encontraban suspendidos preventivamente en el marco de sumarios administrativos entre enero de 2020 y marzo de 2026, manteniendo el pago de sus remuneraciones, según un informe de la Contraloría General de la República (CGR).

La situación fue detectada mediante el Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°25, que puso el foco en la extensión de estas medidas y en las demoras registradas en los procedimientos disciplinarios.

Entre los casos revisados, 30 funcionarios llevaban más de tres años suspendidos, mientras que 13 de ellos superaban los cuatro años. Otros 17 permanecían en esta condición por períodos de entre tres y cuatro años.

El caso de mayor duración corresponde a un funcionario del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (Mejor Niñez), cuya suspensión se extendía por aproximadamente cuatro años y siete meses.

Le siguen un caso registrado en el SLEP Santiago Centro, con cuatro años y seis meses, y otro en el SLEP Atacama, con cuatro años y dos meses.

La Contraloría estimó además que los 10 casos con las suspensiones más prolongadas significaron un desembolso fiscal de $671.426.189 en remuneraciones.

Contraloría asumirá los casos más extensos

A partir de los resultados de la fiscalización, la CGR determinó que los 30 sumarios asociados a funcionarios suspendidos por más de tres años dejarán de ser tramitados por los organismos donde se originaron y pasarán a la propia Contraloría.

El objetivo será continuar con las investigaciones y establecer si existen eventuales responsabilidades de las autoridades que ordenaron los procedimientos y no realizaron un control oportuno sobre su avance.

La normativa permite aplicar la suspensión preventiva mientras se desarrolla una investigación disciplinaria. Sin embargo, la Contraloría recordó que las autoridades deben revisar periódicamente la situación y adoptar medidas para evitar que los procedimientos se prolonguen innecesariamente.

Además, los organismos que mantengan funcionarios suspendidos por más de un año tendrán 15 días hábiles para informar si los sumarios ya terminaron, justificar la continuidad de la medida o comunicar las acciones adoptadas para acelerar su conclusión.

También deberán iniciar procedimientos disciplinarios destinados a determinar eventuales responsabilidades por las demoras.

Funcionarios con otras actividades y casos bajo prisión preventiva

El informe detectó además que 22 funcionarios suspendidos registraron otras actividades remuneradas durante el período de suspensión, según antecedentes proporcionados por el Servicio de Impuestos Internos.

La revisión identificó también dos funcionarios que, mientras permanecían suspendidos, cumplían una medida cautelar de prisión preventiva.

En otro caso, el fiscal que había decretado una suspensión preventiva también se encontraba suspendido.

A ello se suman 20 funcionarios cuyos sumarios estaban a cargo de fiscales que ya no trabajaban en los respectivos servicios, situación que también dificultaba la continuidad de los procedimientos.

La Contraloría detectó además decenas de casos de funcionarios suspendidos que durante ese período viajaron al extranjero o asistieron a casinos de juego.

Nuevo instructivo para controlar las suspensiones

Como parte de las medidas adoptadas tras la fiscalización, la Contraloría emitió el Instructivo N°29, fechado el 16 de septiembre de 2026, destinado a reforzar el control sobre las suspensiones preventivas.

El organismo recordó que esta medida permite apartar temporalmente a un funcionario mientras se desarrolla una investigación, pero que, por regla general, no implica dejar de pagar sus remuneraciones y debe mantenerse únicamente mientras sea necesaria para resguardar el proceso.

La CGR también señaló que la etapa investigativa de un sumario no debiera superar los 60 días hábiles establecidos en la normativa y ordenó que los fiscales revisen periódicamente si persisten las razones para mantener una suspensión.

Asimismo, todas las resoluciones que decreten o levanten estas medidas deberán ser informadas al Sistema de Acciones Derivadas (SIAD), herramienta que permite realizar seguimiento de las actuaciones de fiscalización y mantener su trazabilidad.

La Contraloría anunció además nuevas fiscalizaciones para verificar la calidad de los antecedentes entregados por los organismos, incluyendo revisiones específicas en municipios. La fiscalización que originó el CIC N°25, sin embargo, estuvo centrada en la Administración Central y no incluyó a las municipalidades.

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