El Servicio Electoral (Servel) confirmó que 3.760.261 personas serán denunciadas ante los juzgados de policía local por no haber sufragado en las elecciones presidencial y parlamentaria de 2025, proceso en el que el voto volvió a ser obligatorio.

La cifra considera a quienes no participaron en las votaciones correspondientes a la primera y segunda vuelta presidencial. Según informó el director nacional del Servel, Raúl García, el procedimiento se encuentra en desarrollo y debería finalizar durante octubre y noviembre.

Los casos serán remitidos a los juzgados de policía local de todo el país, que deberán determinar en cada situación si corresponde aplicar una sanción. La legislación contempla multas de entre 0,5 y 1,5 UTM, equivalentes actualmente a montos que van aproximadamente desde $36 mil hasta $108 mil.

Millones de causas en los tribunales

El volumen de denuncias representa un desafío para los juzgados encargados de tramitar estos procedimientos.

Francisco Ríos, presidente del Instituto Nacional de Jueces y Secretarios Abogados de los Juzgados de Policía Local, explicó que el Servel dispone de un año para presentar las denuncias, plazo tras el cual estas pueden prescribir.

El magistrado señaló que el organismo electoral suele remitir los antecedentes cerca del límite establecido y que, considerando que la primera votación presidencial se realizó en noviembre de 2025, los tribunales comenzarán a recibir una gran cantidad de expedientes durante los próximos meses.

Ríos advirtió que el ingreso de más de 3,7 millones de casos significará una importante sobrecarga para los tribunales, especialmente considerando que parte de los procedimientos todavía se realiza mediante sistemas tradicionales y documentación en papel.

En algunos juzgados, explicó, las denuncias pueden llegar mediante archivos digitales, pero si no cuentan con sistemas adecuados para procesarlas deben realizar parte del ingreso de manera manual, aumentando los tiempos de tramitación.

¿Quiénes pueden evitar la multa?

No todas las personas que aparecen inicialmente como no votantes necesariamente serán sancionadas.

La normativa establece causales que permiten justificar la ausencia, entre ellas encontrarse enfermo, estar fuera del país o encontrarse el día de la elección en una localidad situada a más de 200 kilómetros del local de votación. También contempla otros impedimentos graves debidamente acreditados ante el juez de policía local.

El Servel realiza previamente un proceso de depuración de los antecedentes y entrega información a los tribunales para facilitar la revisión de los casos. La decisión final sobre la aplicación de la multa corresponde al respectivo juzgado.

¿Qué ocurre si no se paga?

Una vez citado, el elector puede presentar ante el tribunal los antecedentes que acrediten una causal válida para no haber votado.

Si el juez determina que corresponde aplicar la sanción, la multa debe ser notificada al infractor. De acuerdo con lo explicado por Ríos, si esta no es pagada, el tribunal puede disponer una orden de reclusión a Carabineros como mecanismo de sustitución de la multa.

El presidente del gremio de jueces de policía local también ha advertido sobre las dificultades para hacer efectivas estas sanciones. Según sus declaraciones, en las grandes ciudades existe un alto nivel de multas que finalmente no son pagadas y las órdenes de reclusión presentan dificultades para ser cumplidas.

Con el proceso todavía en desarrollo, los juzgados de policía local deberán prepararse para recibir millones de denuncias durante los próximos meses, mientras el Servel avanza en la presentación de los casos dentro del plazo establecido por la ley.

Keywords: chile, elecciones 2025, elecciones parlamentarias, elecciones presidenciales, Francisco Ríos, juzgados de policía local, multas, Raúl García, servel, voto obligatorio