Tras el rechazo por un solo voto de la reforma constitucional que busca ampliar el plazo de detención para concretar expulsiones administrativas, la presidenta del Senado, Paulina Núñez, llamó al Gobierno a insistir con la iniciativa en la Cámara Alta y buscar un acuerdo político que permita destrabar su tramitación.

La senadora abordó el escenario durante el seminario “Migración y política”, realizado en la Universidad Diego Portales, instancia en la que participó junto a la exministra Carolina Tohá.

La propuesta impulsada por el Ejecutivo fue rechazada el martes en la Cámara de Diputadas y Diputados luego de conseguir 88 votos a favor, 28 en contra y 19 abstenciones. Al tratarse de una reforma constitucional, requería 89 votos para alcanzar el quórum de cuatro séptimos.

Ante este resultado, Núñez sostuvo que el Gobierno debe evaluar una nueva estrategia legislativa y estar disponible para introducir modificaciones que permitan reunir los apoyos necesarios.

“El Gobierno tiene que insistir en el Senado, pero con realismo legislativo y un texto que sea capaz de concitar un consenso. Chile no aguanta un año más esperando una norma que necesitamos para poder ejecutar las expulsiones administrativas”, afirmó.

A juicio de la parlamentaria, la votación mostró que existe respaldo para discutir una herramienta destinada a facilitar la ejecución de órdenes de expulsión, pero también dejó en evidencia la necesidad de revisar los puntos que impidieron alcanzar el respaldo suficiente en la Cámara.

“Si para lograr un acuerdo hay que revisar todos los aspectos centrales del proyecto, hay que estar disponibles para discutirlo, pues lo importante es que tengamos una norma que pueda aprobarse y que le entregue al Estado una herramienta efectiva para concretar las expulsiones”, planteó.

Núñez también llamó a no centrar la discusión exclusivamente en el período de detención contemplado en la propuesta. Según explicó, el debate debería enfocarse en establecer un mecanismo que permita al Estado ejecutar las expulsiones dentro del marco legal y respetando las garantías correspondientes.

“No podemos transformar los días en un punto de bloqueo. Si hay un plazo que permite construir un acuerdo y sacar adelante esta reforma, ese plazo tiene que ser parte de la conversación. Lo que no podemos hacer es quedarnos un año más sin legislar”, sostuvo.

La iniciativa buscaba modificar el marco constitucional que actualmente limita el período de privación de libertad utilizado para materializar expulsiones administrativas. El proyecto contemplaba ampliar ese plazo, con el objetivo de facilitar la ejecución de las medidas una vez que estas hubieran sido decretadas.

La presidenta del Senado recordó además que, al tratarse de un proyecto iniciado por el Ejecutivo, la Constitución contempla un mecanismo mediante el cual el Presidente puede solicitar que una iniciativa rechazada en la Cámara de origen pase a la otra Cámara. Para ello, la Cámara revisora debe aprobarla en general por dos tercios de sus miembros presentes.

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