El ministro de Seguridad, Martín Arrau, cuestionó al Partido Comunista (PC) y a un grupo de senadores del Partido Socialista (PS) por recurrir al Tribunal Constitucional (TC) contra disposiciones del proyecto de Reglas del Uso de la Fuerza (RUF), iniciativa que busca regular la actuación de las policías en el ejercicio de sus funciones.

El requerimiento apunta a normas relacionadas con el uso de fuerza potencialmente letal y el principio de proporcionalidad contemplado en la legislación. Frente a esta acción, el secretario de Estado sostuvo que la impugnación responde a una postura que, a su juicio, se ha mantenido frente a medidas orientadas a respaldar la labor policial.

“No es novedad que cierto sector se oponga a todo lo que sea la legitimidad de la acción policial, apoyar el orden y la seguridad. No es novedad que el Partido Comunista, en este caso, con algunos senadores del Partido Socialista, recurran al Tribunal Constitucional”, afirmó Arrau.

El ministro señaló que habrá que esperar el resultado del procedimiento ante el TC, pero aprovechó de destacar el apoyo parlamentario que recibió la iniciativa tras un extenso proceso de tramitación.

Según detalló, el proyecto fue aprobado por 111 votos en la Cámara de Diputadas y Diputados y obtuvo 29 votos favorables en el Senado. Para Arrau, esas cifras reflejan acuerdos que superan las diferencias entre el oficialismo y la oposición.

Gobierno destaca agenda de seguridad

En su intervención, Arrau defendió el avance de distintas iniciativas legislativas destinadas a entregar mayores herramientas a las policías y reforzar la seguridad pública.

El secretario de Estado mencionó la ampliación de 12 a 24 horas del período considerado para la flagrancia, junto con otras medidas vinculadas a la regulación del uso de capuchas en determinados contextos y a las remuneraciones asociadas al riesgo que enfrentan funcionarios de Carabineros.

También adelantó que el Ejecutivo ingresará durante las próximas semanas una propuesta para mejorar las remuneraciones de la Policía de Investigaciones (PDI). A ello sumó iniciativas relacionadas con los análisis de ADN realizados por laboratorios policiales y modificaciones vinculadas a la Ley 20.000.

El ministro sostuvo que la agenda contempla más de 30 proyectos en distintas etapas de avance y afirmó que buena parte de ellos ha reunido apoyos amplios en el Congreso.

Diferencias políticas y búsqueda de acuerdos

Arrau también se refirió a otra reforma impulsada por el Ejecutivo, cuya propuesta original fue retirada o sería reemplazada por una redacción con mayor respaldo político, según indicó durante su intervención.

El secretario de Estado valoró que parlamentarios oficialistas y opositores participaran en la búsqueda de una alternativa transversal, y planteó que el Gobierno continuará promoviendo acuerdos para fortalecer el marco legal que regula el trabajo de las instituciones de seguridad.

“Así estamos haciendo las cosas, dejando las diferencias políticas en lo posible para avanzar en darle más respaldo y más herramienta a nuestras policías y a todo el ecosistema de seguridad pública”, concluyó.

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