La excandidata presidencial ecuatoriana Luisa González fue detenida este jueves por la Policía de Ecuador, en el marco de una investigación por el presunto delito de lavado de activos relacionado con el financiamiento de su campaña electoral de 2023.

La Fiscalía informó que formulará cargos contra tres personas investigadas por su presunta participación en este delito y señaló que indaga posibles irregularidades en los aportes y el origen de los recursos utilizados durante la campaña, particularmente en gastos de publicidad.

La Policía, en tanto, confirmó que González fue aprehendida, aunque inicialmente no entregó detalles sobre las razones de su detención. La Fiscalía tampoco ha precisado si el procedimiento corresponde a la misma investigación iniciada en enero, cuando las autoridades allanaron la vivienda de la ex candidata por un presunto financiamiento irregular proveniente de Venezuela.

González, de 48 años, pertenece a Revolución Ciudadana, movimiento liderado por el expresidente Rafael Correa. La organización calificó la detención como una persecución política y cuestionó el procedimiento.

“Esto instaura o visibiliza lo que hemos venido diciendo en este último tiempo: Ecuador vive una dictadura”, afirmó Gabriela Rivadeneira, presidenta de Revolución Ciudadana.

La dirigenta también sostuvo que el caso tendría relación con un proceso que ya había sido resuelto por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), mediante el pago de una multa superior a los 6.000 dólares. Además, calificó la detención como “un secuestro de una dirigenta política” y anunció movilizaciones para exigir su liberación.

En enero, González había negado haber recibido recursos ilícitos desde Venezuela para financiar su campaña presidencial. Hasta ahora, la Fiscalía no ha establecido públicamente si aquella indagatoria y el procedimiento de este jueves corresponden al mismo caso.

González disputó la Presidencia de Ecuador en 2023 y perdió la segunda vuelta frente a Daniel Noboa, quien obtuvo el triunfo con cerca del 52% de los votos. Ambos volvieron a enfrentarse en las elecciones presidenciales de 2025.

La situación judicial de la excandidata se produce además en medio de una disputa entre Revolución Ciudadana y las autoridades electorales. Este año, el movimiento fue inhabilitado temporalmente para participar en las elecciones locales, mientras González tampoco pudo inscribir su candidatura a la prefectura de Manabí, tradicional bastión del correísmo, tras una resolución del Tribunal Contencioso Electoral.

El partido sostiene que estas decisiones forman parte de una estrategia para impedir su participación política, mientras las autoridades las vinculan a procedimientos e investigaciones desarrollados por las instituciones correspondientes.

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