La controversia por las declaraciones del diputado Jaime Bassa (FA) sobre los decretos de rebaja de condenas escaló al plano disciplinario. La bancada de la Unión Demócrata Independiente (UDI) anunció que el próximo lunes ingresará un requerimiento ante la Comisión de Ética y Transparencia de la Cámara de Diputados para que se analice la conducta del parlamentario.

El escrito es encabezado por la jefa de bancada gremialista, Flor Weisse, y por el diputado Sergio Bobadilla. Ambos apuntan a lo dicho por Bassa el martes 27 de octubre, durante un punto de prensa en el Congreso, cuando se refirió a las resoluciones firmadas por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que disminuyen condenas. Según consigna el documento, el legislador sostuvo que no se trataba de un error, sino de una expresión más de una red internacional de pedofilia.

En su presentación, los autores argumentan que se trata de imputaciones de extrema gravedad, planteadas sin antecedentes comprobables que las sustenten. A su juicio, las palabras del diputado sobrepasaron los márgenes de la crítica política, por lo que solicitan revisar su proceder a la luz de los principios de honradez, buena fe, integridad y rectitud que contempla el reglamento de la corporación.

Weisse defendió la iniciativa señalando que la fiscalización política es legítima, pero tiene límites. Afirmó que un parlamentario debe respaldar lo que dice, sobre todo cuando formula acusaciones de esta envergadura, y advirtió contra la normalización de sospechas sobre presuntas redes criminales sin evidencia verificable.

El requerimiento pide que la comisión aplique las medidas disciplinarias y multas que estime pertinentes. Los patrocinantes precisaron que no buscan establecer eventuales responsabilidades penales de Bassa, sino determinar si su actuación se ajustó a los deberes propios del cargo.

La versión de Bassa

Entrevistado en el programa La Voz de los que Sobran, donde también fue consultado por sus menciones a los casos de Jeffrey Epstein y Paul Schäfer, el diputado descartó haber atribuido al ministro de Justicia, Fernando Rabat, participación personal en delitos de esa naturaleza. Negó que el secretario de Estado sea pedófilo o que trabaje para una red, incluida la vinculada a Epstein.

Bassa aclaró que su crítica se dirige a las políticas impulsadas por la cartera, las que, en su opinión, se asemejan a las aplicadas en otros países para asegurar impunidad a violadores y pedófilos. Añadió que, como político, tiene no solo el derecho sino la obligación de fiscalizar a quienes ejercen el poder.

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