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Contraloría detecta a 315 funcionarios públicos con condenas vigentes por crímenes o simples delitos

Publicado el 18 noviembre 2026 @ 18:00 por Prensa UCV Radio
Editado el 17 noviembre 2026 @ 19:25 por Prensa UCV Radio

El organismo identificó 317 registros de condenas mediante un cruce de información con distintas instituciones del Estado. Carabineros concentra la mayor cantidad de casos, con 84 personas, seguido por el Ejército y la Armada.

Un total de 315 funcionarios y servidores públicos con condenas vigentes por crímenes o simples delitos identificó la Contraloría General de la República (CGR), situación que podría contravenir los requisitos legales para desempeñarse en la Administración del Estado.

Los antecedentes fueron dados a conocer a través del Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°29, elaborado mediante el cruce de registros del Servicio de Registro Civil e Identificación, el Servicio Electoral (Servel) y el Sistema de Información y Control del Personal de la Administración del Estado (Siaper).

El análisis detectó 317 registros de condenas asociados a 315 personas. De ellas, 149 se desempeñan en organismos del gobierno local, mientras que otras 166 trabajan en instituciones del gobierno central.

Entre los servicios que concentran más funcionarios en esta situación destaca Carabineros de Chile, con 84 casos. Le siguen el Ejército, con 22; la Armada, con 8; la Municipalidad de Valdivia, con 6; y la Fuerza Aérea, con 5.

También figuran las municipalidades de Hualpén, Tierra Amarilla, Chillán y Puerto Montt, con cuatro casos cada una, además de la Municipalidad de Tocopilla, que registra tres funcionarios.

Contraloría solicita investigar posibles responsabilidades

En cuanto a la naturaleza de las condenas, el organismo identificó a 73 personas con sentencias por crímenes y a 244 por simples delitos. La diferencia entre el número de personas y los registros se explica porque dos funcionarios acumulan más de una condena.

Frente a estos antecedentes, la Contraloría instruyó a las entidades involucradas iniciar las investigaciones correspondientes para establecer eventuales responsabilidades administrativas.

En particular, solicitó determinar si existieron omisiones al momento de informar las condenas a los respectivos jefes de servicio y si se iniciaron los procedimientos necesarios para aplicar la denominada inhabilidad sobreviniente.

Esta figura corresponde a una circunstancia que aparece después del ingreso de una persona a la Administración Pública y que puede impedirle continuar ejerciendo un cargo estatal, debido al incumplimiento de los requisitos legales para desempeñarlo.

Además, las instituciones deberán informar si las condenas fueron consideradas oportunamente en los procesos de calificación funcionaria, de acuerdo con los criterios de comportamiento social y probidad establecidos para la evaluación de los trabajadores públicos.

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