Tribunales han ordenado pagos por más de $3,88 billones en pensiones de alimentos desde 2022
Editado el 18 noviembre 2026 @ 14:55 por Prensa UCV Radio
El balance del Poder Judicial, entregado al cumplirse cuatro años de la entrada en vigencia del Registro Nacional de Deudores, contabiliza más de 728 mil inscripciones y deudas vigentes por $54.833 millones.
Más de $3,88 billones en pagos de pensiones de alimentos han sido ordenados por los tribunales de familia del país desde noviembre de 2022, mediante los mecanismos de cobro establecidos por la Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Deudas de Pensiones de Alimentos.
Las cifras fueron entregadas este miércoles por el Poder Judicial, al cumplirse cuatro años de la entrada en vigencia del Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. Según el balance, entre el 14 de noviembre de 2022 y el 17 de noviembre de 2026 se han ordenado pagos por un total de $3.885.443.300.562.
La presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, precisó que $3.063.238 millones corresponden al procedimiento extraordinario, que permite recurrir a los fondos previsionales de los deudores para cubrir las obligaciones pendientes. Esta modalidad ha beneficiado a 307.734 representantes legales.
En tanto, mediante el procedimiento especial, que contempla la retención de fondos en cuentas bancarias y otros instrumentos financieros, se han ordenado pagos por $822.205 millones, en beneficio de 404.400 representantes legales.
El informe también da cuenta de la actividad del Registro Nacional de Deudores. Desde su puesta en marcha, los 141 tribunales con competencia en materia de familia han ordenado 728.700 inscripciones. De ese total, 376.644 continúan vigentes, mientras que 352.056 han sido canceladas.
De acuerdo con las estadísticas del sistema administrado por el Registro Civil, las causas que permanecen vigentes registran deudas por $54.833 millones en pensiones de alimentos impagas.
Al evaluar los resultados de la normativa, Chevesich sostuvo que, aunque la ley representa un avance, todavía se requieren nuevas medidas para garantizar el cumplimiento de estas obligaciones y resguardar los derechos de niños, niñas y adolescentes.
“Si bien la ley va en el camino correcto, no es suficiente, pues se deben adoptar todas las medidas necesarias para respetar los derechos fundamentales de todas las personas y en especial, de los niños, niñas y adolescentes”, señaló.
La presidenta de la Corte Suprema también valoró el trabajo de los funcionarios judiciales, pero advirtió sobre las dificultades que enfrenta el sistema para implementar estos mecanismos debido a la falta de recursos.
“Como lo hemos dicho, no se dispusieron los recursos necesarios para hacer frente a la enorme tarea que implica obtener los resultados y, además, cumplir con las restantes tareas asignadas por las diferentes leyes dictadas en el último tiempo”, afirmó.
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