Prisión preventiva para imputado por brutal agresión a conductor de microbús en Villa Alemana
Editado el 6 julio 2025 @ 09:37 por Gonzalo Gallardo
La jueza del Juzgado de Garantía decretó la medida más gravosa para uno de los involucrados, mientras el segundo quedó con prohibición de acercarse a la víctima y arraigo nacional.
El Juzgado de Garantía de Villa Alemana decretó este sábado 5 de julio prisión preventiva para Nicolás Joao Benjamín Montoya Daza, uno de los imputados por el delito frustrado de homicidio contra un conductor de microbús, en un violento hecho ocurrido el pasado 2 de julio en la comuna. En tanto, Diego Sebastián Ferroni Villarreal, quien también fue formalizado como coautor del ataque, quedó con las medidas cautelares de arraigo nacional y prohibición de acercarse a la víctima.
El hecho se registró a la altura del paradero 11 de avenida Valparaíso, tras una disputa que se habría originado por un incidente vial. Sin embargo, la magistrada Daniela Rodríguez descartó que esto justifique la gravedad de la agresión. “Lo que tenemos acá es una agresión que tiene elementos de desproporción: dos personas jóvenes contra un hombre mayor y con uso de elementos contundentes”, argumentó la jueza.
La víctima sufrió un severo trauma ocular, además de fracturas en la órbita del ojo derecho, con daño visual de pronóstico reservado. En su análisis, la jueza sostuvo que en el caso de Montoya se evidencian indicios de dolo eventual. “La cantidad y gravedad de las lesiones permiten presumir que el imputado sabía del riesgo de golpear reiteradamente en una zona tan sensible del cuerpo como el rostro”, afirmó.
En cambio, en el caso de Ferroni, la participación fue considerada incidental y breve. La jueza estimó que no existen antecedentes que permitan acreditar una acción concertada ni dolo por parte del imputado, quien además registra irreprochable conducta anterior, por lo que se descartó su prisión preventiva.
Montoya Daza fue ingresado al Complejo Penitenciario de Valparaíso mientras dure la investigación, cuyo plazo fue fijado en 100 días. El caso ha generado conmoción entre los gremios de transporte público de la zona, que han exigido mayores medidas de protección ante agresiones a conductores.
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