La alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, expuso esta semana ante la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados que analiza el proceso de reconstrucción tras los incendios ocurridos el 2 y 3 de febrero de 2024 en la región. Durante su intervención, detalló el rol que ha tenido el municipio y los obstáculos que, a su juicio, han dificultado el avance de soluciones habitacionales para las familias damnificadas.

Entre los datos presentados, la jefa comunal señaló que solo el 25% de los hogares que perdieron su vivienda han recibido una solución de emergencia, y que en el sector de Achupallas, donde se concentra la mayoría de estas, cerca del 69% de los beneficiarios aún no cuenta con subsidios habitacionales asignados.

La alcaldesa también indicó que existen 1.242 familias con subsidios aprobados pero sin una tipología habitacional definida, situación que retrasa la entrega de viviendas definitivas. Añadió que algunas zonas, como El Olivar, enfrentan dificultades legales y sociales, como casos de copropiedad o de familias calificadas como inhábiles, lo que impide avanzar en la reconstrucción de unas 200 viviendas.

Rol municipal y coordinación institucional

Ripamonti explicó que, si bien el municipio no tiene competencias legales para ejecutar directamente el plan de reconstrucción —responsabilidad que recae en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) y el Serviu—, han desarrollado diversas gestiones para colaborar en el proceso. Entre ellas, mencionó el desarrollo de proyectos habitacionales en conjunto con privados, como un condominio social en calle Chusmiza y la instalación de Unidades Habitacionales Progresivas (UHP).

También planteó que las municipalidades tienen limitaciones estructurales para acceder a fondos de emergencia, lo que, a su juicio, afecta la capacidad de respuesta y la articulación con organismos centrales.

Propuestas y solicitudes

Durante su exposición, la alcaldesa solicitó al Parlamento la extensión del plazo de vigencia de la Ley N° 16.282 sobre Sismos y Catástrofes, que vence en febrero de 2026. Argumentó que esto permitiría completar los procesos de regularización y las obras proyectadas en las zonas afectadas.

Desde la Dirección de Obras Municipales, en tanto, se plantearon propuestas para agilizar normativas urbanísticas y simplificar trámites administrativos, como la aprobación de planos, loteos y obras públicas, con el fin de facilitar el acceso a subsidios y avanzar más rápido en la reconstrucción.

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