El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, descartó este lunes haber recibido amenazas antes de su participación en la Comisión Especial Investigadora de la reconstrucción por el megaincendio que afectó a Viña del Mar y Quilpué, en la región de Valparaíso. La aclaración surgió luego de que el diputado Andrés Celis afirmara que el secretario de Estado habría sido amenazado. Montes explicó que solo fue advertido sobre eventuales “funas” en su contra, pero que nunca recibió amenazas formales. “No es bueno que en política se lancen este tipo de acusaciones, porque en Chile, a pesar de todo, nos respetamos”, señaló.

En la instancia, el ministro también se refirió a la denuncia del arquitecto Alejandro Aravena sobre una eventual intervención de narcotraficantes en el proceso de reconstrucción, destacando su trayectoria profesional y respaldando que el Ministerio Público investigue el caso. De todas formas, esta es solo una arista de las polémicas que el proceso ha enfrentado. La principal crítica es la misma que se ha sostenido por más de un año: la lentitud.

Sobre esto, la diputada Carolina Marzan, señaló que «la comparecencia del ministro de Vivienda a la comisión investigadora por reconstrucción aportó cifras y plazos, antecedentes que sin duda contribuyen a clarificar el actual estado de la situación; pero, en palabras del propio ministro, el proceso ha sido lento, lo que coincide con la preocupación de las organizaciones y juntas de vecinos y también con nuestra mirada desde la labor fiscalizadora. Efectivamente, hay trabas y trámites que son engorrosos; pero el Estado , frente a este muro de obstáculos debe asumir que estamos ante una emergencia que se ha prolongado en cuanto a la justa reparación. Hay personas que han fallecido esperando su vivienda, han pasado dos inviernos. La empatía debe estar con cada una de las familias damnificadas». 

Por su parte, el diputado Tomás Lagomarsino, denunció que 83 personas damnificadas han muerto esperando la reconstrucción de sus viviendas. “Espero que se agilicen las obras para que no sigan falleciendo personas mientras esperan”, manifestó. La Comisión Investigadora acordó convocar una sesión especial para escuchar a Aravena y abordar las acusaciones sobre un posible financiamiento ilícito en la reconstrucción informal, en paralelo a la investigación de oficio que ya abrió la Fiscalía.

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