SML descarta tener osamentas pendientes de revisar en causas por violaciones a los DD.HH.
Editado el 28 agosto 2025 @ 11:41 por Gonzalo Gallardo
El Servicio Médico Legal (SML) aseguró que todas las muestras ingresadas están periciadas o en análisis, en respuesta a la discusión parlamentaria de un proyecto del Partido Nacional Libertario que busca modificar la normativa vigente.
El Servicio Médico Legal (SML) difundió un comunicado en el que desmintió mantener osamentas sin periciar en el marco de causas vinculadas a violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura chilena. “El SML es una institución dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que asesora técnica y científicamente al Poder Judicial y Ministerio Público en materias médico legales y forenses. En ese contexto, todas las osamentas ingresadas a este organismo forense, y que se encuentran bajo su custodia, se encuentran periciadas y/o en fase de análisis, no existiendo protocolos pendientes sin revisar”, indicó la entidad.
El organismo añadió que estos procesos han sido posibles gracias a la creación de la Unidad de Víctimas de Dictadura, con dedicación exclusiva a estas causas, y al trabajo conjunto con los ministros en visita extraordinaria del Poder Judicial. “Como Servicio Médico Legal reafirmamos nuestro compromiso con la búsqueda de la verdad y la justicia y rechazamos cualquier intento de desacreditar un trabajo primordial del quehacer de nuestra institución”, enfatizaron.
La aclaración surge en paralelo a la tramitación en el Congreso de un proyecto presentado por el Partido Nacional Libertario que busca modificar la Ley 20.065, permitiendo al SML realizar identificaciones de cuerpos sin orden judicial y fijando un plazo de dos años para la entrega de informes periódicos sobre los avances.
La iniciativa se originó tras conocerse, hace dos años, el hallazgo de 89 cajas con osamentas “olvidadas” en dependencias de la Universidad de Chile. Sin embargo, la diputada Carmen Hertz (PC) calificó la propuesta como “engañoso”, señalando que “no cumple con los mínimos estándares que garanticen un proceso adecuado y respetuoso con las víctimas, con las familias y con la sociedad en su conjunto”
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