La gratuidad en la educación superior cubre actualmente a los estudiantes pertenecientes al 60% de la población más vulnerable, según el Registro Social de Hogares (RSH). Sin embargo, desde hace años se denuncia que algunos postulantes alteran o manipulan sus antecedentes para ubicarse en este tramo y así obtener el beneficio. El debate se reavivó con el proyecto de ley de Financiamiento a la Educación Superior (FES), que busca eliminar el copago en los deciles 7, 8 y 9. Especialistas han advertido que, si el cambio no se acompaña de controles más rigurosos, más estudiantes podrían intentar “bajar artificialmente” al decil 6 para obtener gratuidad.

El ministro Nicolás Cataldo sostuvo que el fenómeno no es nuevo y que los datos muestran una concentración llamativa: “Pareciera ser que cuando hablamos de educación superior, en Chile el 70% de la población está en el 60% más vulnerable. Esa frase grafica lo que hemos estado observando y cómo hay comportamientos estratégicos para poder acceder a determinados beneficios”. Cataldo añadió que el séptimo decil “ya casi no existe”, lo que evidencia un uso estratégico del RSH en contextos de acceso a la gratuidad.

Por su parte, el diputado Hotuiti Teao, integrante de la Comisión de Desarrollo Social, expresó preocupación por la extensión de esta práctica. “Vemos con mucha preocupación que se extienda el falseamiento de datos para acceder a beneficios, tal como ocurre con la gratuidad universitaria”, señaló.  En la misma línea, el exrector de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Claudio Elórtegui, ha insistido en la necesidad de fortalecer los mecanismos de fiscalización para garantizar que los beneficios lleguen a quienes realmente los necesitan. Además, en el Congreso se planteó la posibilidad de citar a los ministros de Educación y Desarrollo Social para analizar la situación y discutir medidas de control más estrictas sobre el RSH y los procesos de postulación.