La tensión entre la Corporación Municipal de Viña del Mar (CMVM) y más de 380 trabajadores de la atención primaria de salud (APS) sigue en aumento. El pasado 24 de agosto, los funcionarios presentaron cuatro recursos de protección ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso, alegando que las rebajas salariales aplicadas a los tramos A y B (con sueldos que van desde los $3,5 millones hasta sobre los $4 millones) eran “arbitrarias” e “ilegales”.

El Concejo Municipal había aprobado la medida el 31 de julio con ocho votos a favor, incluido el de la alcaldesa Macarena Ripamonti. Sin embargo, tras una primera respuesta dispar, el tribunal resolvió agrupar las causas y decretar la orden de no innovar para la totalidad de los recurrentes, congelando así la aplicación de los recortes mientras se tramitan los recursos.

En este escenario, la Confederación de Funcionarios de la Salud Municipalizada (Confusam) denunció que el municipio estaría tomando represalias. Según Fabricio González, presidente regional del gremio, ya se han registrado despidos y traslados transitorios de profesionales a otros centros, fuera de sus funciones habituales. “La corporación está comunicando no renovaciones a trabajadores con contratos a plazo fijo. Vemos en esto una represalia frente a la acción judicial”, afirmó. Con la orden judicial en curso y las acusaciones gremiales sobre la mesa, la crisis en la red de salud municipalizada de Viña del Mar se agrava, dejando en evidencia un conflicto que combina ajustes financieros, tensiones laborales y ahora, la intervención de la justicia.

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