Familiares de alrededor de 65 víctimas del megaincendio de Valparaíso interpusieron una denuncia ante la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, acusando al Estado de Chile de violación a los derechos humanos por negligencias cometidas durante la emergencia de febrero de 2024 y por la falta de acciones posteriores en la reconstrucción y apoyo a damnificados.

El abogado Felipe Olea, representante de los afectados, señaló que existe un “sentir de abandono” entre las familias y advirtió que el Estado pretende “relegar al olvido” una tragedia que dejó 139 muertos y destruyó más de un tercio de la ciudad.

El documento pide que la ONU designe un veedor internacional en un plazo de 30 días para evaluar posibles vulneraciones a los derechos humanos en materias de vivienda, salud y acceso a la información. Además, solicita que se exijan explicaciones al Gobierno, se recomienden medidas de reparación y se supervise su cumplimiento.

En particular, la acción responsabiliza a:

• CONAF, por fallas en la prevención y gestión de alertas tempranas.

• SENAPRED, por deficiencias en la coordinación y tardanza en emitir órdenes de evacuación.

• El Gobierno central, por omisiones en la reconstrucción, apoyo psicosocial y condiciones de habitabilidad de las más de 7.000 viviendas destruidas.

Los denunciantes forman parte de la Comunidad de Damnificados del megaincendio de Viña del Mar, grupo que nació tras la tragedia para exigir reparación, acceso a viviendas y apoyo psicosocial. Han impulsado demandas, querellas y actividades de contención mutua, transformándose en un actor clave en el proceso de reconstrucción. “El grupo ha debido suplir la ausencia estatal en múltiples ámbitos”, señala el escrito.

La denuncia cuenta con apoyo político, el diputado Tomás Lagomarsino (PR), presidente de la comisión investigadora del incendio, respaldó la acción ante la ONU. “El Estado ha avanzado muy lento en esta materia. Nos parece justo y necesario acudir a instancias internacionales para que las víctimas encuentren verdad y justicia”, sostuvo.

El parlamentario recalcó que la investigación nacional en torno a la responsabilidad de autoridades ha tenido “avances paupérrimos” y espera que la presión internacional acelere los procesos pendientes. No es la primera vez que se lleva una denuncia de esta índole a la ONU. Ya se han presentado reclamos por la situación del pueblo mapuche y por las violaciones de derechos humanos en el marco del estallido social de 2019. En esta ocasión, los familiares de las víctimas esperan que el organismo internacional actúe con rapidez, pues a más de un año de la catástrofe, sostienen que siguen viviendo en condiciones indignas y sin respuestas claras del Estado.

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